El pasado 8 de octubre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el
Real Decreto 1026/2024, una norma que regula la implementación de
planes LGTBI en las empresas, con el objetivo de garantizar la igualdad y prevenir cualquier tipo de discriminación hacia este colectivo en el entorno laboral. Este decreto se enmarca dentro de las acciones derivadas de la Ley 4/2023, que estableció la obligatoriedad de desarrollar protocolos para proteger a las personas LGTBI.
La norma, que afecta a todas las empresas con más de 50 empleados, impone una serie de requisitos que deben ser negociados y acordados en el marco de la negociación colectiva. Las empresas tendrán un plazo de tres meses para incorporar estas medidas si ya cuentan con convenio colectivo, y de hasta seis meses si no tienen uno vigente?.
Medidas obligatorias:
El Real Decreto establece diversas medidas obligatorias que las empresas deberán incluir en sus planes de igualdad:
- Cláusulas de igualdad de trato: Las empresas deberán asegurarse de que los procesos de selección y promoción interna sean inclusivos y no discriminen por orientación sexual, identidad o expresión de género?
- Formación específica: Se impartirá formación sobre derechos LGTBI para sensibilizar a toda la plantilla, con un enfoque especial en la prevención de la discriminación y la creación de entornos inclusivos?.
- Permisos y beneficios sociales: Las personas LGTBI tendrán acceso igualitario a permisos, beneficios sociales y derechos relacionados con la asistencia médica y trámites legales, poniendo especial atención en las personas trans?.
Protocolos contra el acoso:
Una de las exigencias clave de esta regulación es la creación de protocolos contra el acoso y la violencia hacia personas LGTBI. Estos protocolos deberán incluir mecanismos para prevenir, detectar y actuar rápidamente ante situaciones de acoso, garantizando la protección efectiva de las personas afectadas?.
Impacto en las empresas:
Aunque el objetivo de la normativa es crear espacios laborales más inclusivos, su aplicación ha generado algunos debates entre las empresas, especialmente las que se encuentran cerca del umbral de 50 empleados. Estas compañías, que ya están obligadas a cumplir con otras normativas de igualdad, consideran que el incremento de responsabilidades puede ser difícil de gestionar?.
No obstante, el Gobierno y los sindicatos consideran esta medida crucial para avanzar en la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, y aseguran que la norma también está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente con la meta de reducir las desigualdades.
Con esta nueva regulación, España sigue reforzando su compromiso con la protección de los derechos de las personas LGTBI y promoviendo entornos laborales más diversos e inclusivos.
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