El Grupo Parlamentario Popular (GPP) denunció en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso que el Ejecutivo ha convertido la Ley de Atención a la Clientela en "una herramienta ideológica".
Paniagua criticó especialmente las enmiendas que obligan a responder a la clientela en la misma lengua en la que se formuló la queja “sin discriminar la autonomía en que se aplicaría”, así como la formación obligatoria en lenguas cooficiales para trabajadores “estén donde estén”. A su juicio, estas “enmiendas lingüísticas” alteran la naturaleza de la ley, introducen un “componente identitario” que dificulta su aplicación y genera inseguridad en los sectores afectados.
El diputado popular lamentó además “anomalías” durante las reuniones de Ponencia, donde —según afirmó— se plantearon transaccionales inspiradas en enmiendas del PP “sin hablar con el proponente”, práctica que consideró “contraria al uso parlamentario” y que “generó desconcierto entre los letrados”. También calificó de “error mayúsculo” que la norma no incluya a las Administraciones Públicas en su ámbito de aplicación: “¿Cómo pretendemos implicar a la sociedad si dejamos fuera a las instituciones?”, se preguntó.
Paniagua pidió “regular con sentido común”, con especial atención al impacto sobre pymes, que “disponen de menos capacidad financiera, menos márgenes y menos flexibilidad laboral”. Recordó que el GPP ha registrado 58 enmiendas orientadas —dijo— a “reforzar los derechos de los consumidores y usuarios sin generar cargas excesivas a las empresas”. “Siempre hemos buscado aclarar el articulado, garantizar la seguridad jurídica y extender la protección también a los servicios prestados por la Administración Pública”, concluyó.
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