La industria del juego ha vivido hoy 13 de noviembre una jornada intensa en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, donde se ha celebrado la primera sesión del I Congreso Internacional de Juego organizado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Un encuentro centrado en el impacto social del juego y que ha reunido, según la organización, a unos 300 congresistas, con la presencia de reguladores europeos, representantes de algunos operadores privados y una nutrida representación del sector privado español entre los congresistas.
Entre los asistentes institucionales han estado presentes varias comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, Castilla y León, Castilla La Mancha, País Vasco, Cataluña y Madrid, que han participado en calidad de congresistas previa inscripción, igual que el resto de asistentes.
Sin embargo, la primera jornada ha dejado la sensación de un congreso desequilibrado, especialmente por la ausencia de turno de preguntas en la primera mesa, la más sensible y polémica. Un panel que muchos esperaban como espacio de debate entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas sobre el modelo regulatorio del juego y que finalmente ha quedado como una sucesión de intervenciones sin posibilidad de réplica ni contraste público.
Por momentos, el tono de las intervenciones ha reforzado la percepción de que el encuentro se acercaba más a un congreso político que a un foro técnico, con discursos en los que se ha señalado de forma directa por parte del director Mikel Arana la actuación de las comunidades autónomas en materia de juego.
La jornada ha sido especialmente rara en lo institucional, con la intervención del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, proyectada en pantalla, y con la presencia del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, que ha tomado la palabra ya avanzada la jornada para inaugurar de facto el congreso.
Todo ello, además, en un día cargado de novedades regulatorias, ya que el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que incorpora una enmienda de gran calado en materia de juego online.
Esta norma introduce cambios relevantes en la Ley del Juego. En primer lugar, limita aún más la publicidad del juego online, que a partir de ahora deberá concentrarse exclusivamente en las páginas de los operadores y en plataformas especializadas o redes sociales que cuenten con un control efectivo de edad. El objetivo es reducir la exposición de los menores y de otros colectivos vulnerables a contenidos promocionales de juego.
Asimismo, la ley prohíbe la participación de cualquier famoso o persona de relevancia pública en promociones y campañas publicitarias del sector. Con esta medida se refuerza la línea ya iniciada por el Gobierno en materia de restricciones a los bonos de captación y a las comunicaciones comerciales, buscando reducir el impacto aspiracional asociado a estas figuras.
Otro de los cambios importantes es la obligación de que los pagos destinados al uso de servicios de juego online se realicen mediante medios de pago nominales, cuyo titular sea la misma persona que participa en el juego. Esta modificación pretende incrementar el control sobre la actividad y facilitar la trazabilidad de las transacciones.
Además, la normativa establece que las comunicaciones comerciales solo podrán dirigirse a usuarios que hayan otorgado una autorización expresa para recibirlas. Esta restricción se enmarca en la estrategia de protección reforzada de los menores y de los colectivos más vulnerables frente a posibles impactos negativos derivados de la publicidad del juego.
La ley ha sido aprobada con el apoyo de Junts, mientras que el Partido Popular y UPN optaron por la abstención y Vox emitió el único voto en contra. El texto pasa ahora al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.
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