Manuel Padrón, presidente del Grupo Juan Padrón, ofreció una extensa entrevista en el programa El Espejo Canario en la que repasó la trayectoria empresarial familiar y analizó la situación judicial y administrativa en torno al histórico Hotel Santa Catalina.
El empresario subrayó que dirige un grupo con 850 empleos directos y que esa cifra representa “una enorme responsabilidad”, una idea que atribuye al legado de su padre, Juan Padrón Marrero, fundador del grupo. “Nosotros no somos el ombligo, tenemos la responsabilidad de 850 familias”, señaló.
Padrón recordó los orígenes familiares vinculados al Sáhara español, adonde emigraron para emprender un negocio de máquinas recreativas, futbolines y tocadiscos. Relató cómo la Marcha Verde obligó a su familia a regresar a Canarias sin infraestructura portuaria adecuada, lo que provocó daños en las máquinas y un enorme estrés en su padre, que tuvo que recomenzar desde cero. Con solo 17 años, él mismo asumió la vuelta y el inicio de una nueva etapa empresarial en las islas.
El empresario insistió en que toda la inversión del grupo se ha realizado siempre en Canarias, siguiendo la filosofía de reinversión local impulsada por su padre. Además del sector del juego, el grupo mantiene intereses en la gestión hotelera y otras actividades vinculadas a la economía canaria. Padrón defendió que esta forma de operar ha permitido consolidar empleo y tejido empresarial en las islas durante décadas.
Uno de los asuntos centrales de la entrevista fue la gestión del Hotel Santa Catalina, un proyecto que la familia Padrón asumió en los años noventa tras la propuesta del entonces alcalde Emilio Mayoral. Según relató, el contrato de arrendamiento exigía una inversión mínima de mil millones de pesetas para optar a una ampliación de plazo. Sin embargo, la familia decidió destinar 3.000 millones de pesetas para reformar integralmente el establecimiento, mejorar las cocinas, renovar el spa, el gimnasio, las zonas comunes y ampliar aparcamientos. “Lo hicimos sin necesidad de hacerlo”, afirmó, convencido de que el Santa Catalina era un símbolo de ciudad que debía modernizarse.
El presidente del grupo expresó su profundo malestar con el modo en que se resolvió posteriormente el concurso público que adjudicó la nueva gestión al grupo Barceló. Considera que no hubo reconocimiento al esfuerzo previo realizado y sostiene que el trato recibido supuso “una desconsideración”. “Lo mínimo es respeto. Por lo menos que se callen la boca, que no digan que aquello es una pensión”, añadió.
Padrón afirmó que el concurso “no está bien dado” y detalló que, según su interpretación jurídica, el proyecto ganador no encajaba en la ficha urbanística vigente. Señaló que la normativa se modificó al año siguiente para acomodar el proyecto y aseguró que incluso con los cambios posteriores determinadas actuaciones siguen sin encajar en la ordenación. Entre ellas mencionó la creación de nuevas habitaciones en antiguas zonas de servicio, cambios en la piscina, alteraciones en la fachada y modificaciones en la distribución interna. También criticó la construcción de un edificio de oficinas anexo y la ocupación de plazas de aparcamiento.
En relación con estos aspectos, indicó que ya ha ganado un procedimiento relativo a la ficha urbanística, lo que obligó al Ayuntamiento a retrotraer actuaciones. Pese a ello, afirmó que las obras continúan y anunció su intención de acudir al Ayuntamiento para revisar planos, licencias y autorizaciones, aunque señaló que sigue los tiempos que le marca su equipo jurídico.
Padrón admitió que la disputa ha llegado a una fase “dura”, que implica “cosas feas y palabras mayores para cualquier empresario”, y reconoció que el conflicto se ha trasladado por completo al ámbito judicial. Lamentó que el Tribunal Especial de Contratos Administrativos del Gobierno de Canarias “se lave las manos” en casos de concursos polémicos y explicó que ha tardado siete años en obtener del Tribunal Supremo el reconocimiento de su legitimación para recurrir sin necesidad de hacerlo junto a la UTE.
Uno de los asuntos que más le preocupa es el relativo a los premios de jubilación del personal del hotel. Según relató, la nueva empresa debía asumir esas obligaciones derivadas de la negociación colectiva, como parte del proceso de subrogación de la plantilla. Sin embargo, relató que, tras una reunión que duró más de 24 horas y sin haber dormido, firmó un documento que le obligaba a asumir cerca de 300.000 euros en esos pagos. “Yo firmé, como yo digo, la sentencia”, afirmó. Indicó que ya ha abonado alrededor de 60.000 euros y que ha enviado un burofax al concejal Pedro Quevedo para exigir la devolución de lo pagado y la liberación del grupo de esa carga. El asunto se encuentra ya judicializado y hay una audiencia previa señalada.
Padrón insistió en que continúa “luchando para ver hasta dónde llega esto” y defendió que su intención es exponer ante los tribunales “lo que pasó realmente”, convencido de que la política municipal no ha correspondido de manera justa al esfuerzo empresarial que su grupo ha realizado durante décadas en la ciudad.
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