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El Consell aprueba una guía estratégica para frenar la hiperregulación y agilizar la Administración

 
Con el objetivo de mejorar la calidad de las leyes y reducir la burocracia, el Consell ha aprobado una nueva guía metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Esta herramienta busca garantizar que cualquier nueva regulación de la Generalitat responda a criterios de necesidad, eficiencia y simplificación administrativa.
INFOPLAY/ COMUNICADO |
El Gobierno valenciano ha dado un paso decisivo para transformar la arquitectura legislativa de la autonomía con la aprobación de una nueva guía metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Este instrumento, diseñado por la Dirección General de Simplificación Administrativa, se posiciona como una pieza estratégica para frenar la hiperregulación y asegurar que toda nueva disposición de la Generalitat cumpla estrictos criterios de necesidad, proporcionalidad y eficiencia.

La guía unifica en un solo documento toda la información que acompaña a un proyecto normativo. Su función principal es justificar la oportunidad de la norma y analizar de forma anticipada —bajo un marco común y homogéneo— los posibles impactos jurídicos, económicos, sociales y presupuestarios. De esta manera, la Administración busca seleccionar siempre la alternativa regulatoria más eficiente, minimizando los efectos adversos que una regulación inadecuada puede tener sobre la ciudadanía y el tejido empresarial.

Una de las innovaciones más destacadas de este acuerdo es la obligatoriedad de realizar un análisis ex ante de simplificación administrativa. Este procedimiento implica que, antes de la aprobación de cualquier norma, se debe evaluar si el texto es realmente necesario y si introduce cargas burocráticas innecesarias. El objetivo es identificar y eliminar obstáculos regulatorios desde su origen, evitando que la burocracia se convierta en un freno para la actividad económica y el bienestar ciudadano.

Asimismo, la medida extiende su alcance a las políticas de fomento. Todas las bases reguladoras de ayudas y subvenciones de la Generalitat deberán someterse obligatoriamente a este análisis de simplificación. Con ello, el Consell pretende mejorar el diseño de las convocatorias públicas, reduciendo los requisitos innecesarios y facilitando que las empresas y particulares accedan a los fondos públicos de una manera más ágil y directa.

El modelo aprobado no se limita a la fase de creación de la norma, sino que introduce de forma sistemática el control ex post. Una vez que la ley o el reglamento entra en vigor, la Administración realizará un seguimiento para comprobar si la normativa ha cumplido con los objetivos para los que fue diseñada. Este análisis posterior permitirá detectar si se han generado problemas imprevistos o cargas excesivas, facilitando la toma de decisiones sobre si la norma debe ser modificada, simplificada o derogada para garantizar su eficacia real.

Esta visión integral de la mejora regulatoria combina la prevención con la evaluación constante, situando el impacto real de las normas en el centro de la gestión pública. La meta final es alcanzar una Administración más predecible, orientada a resultados y capaz de adaptarse a las necesidades de la sociedad actual sin recurrir al exceso legislativo.

Complementariamente, el Consell ha dado luz verde a una segunda guía metodológica destinada a la tramitación de las disposiciones normativas. Este manual sistematiza todos los pasos necesarios para la elaboración de reglamentos y normas con rango de ley, estableciendo un orden secuencial de obligado cumplimiento para todas las consellerias. La finalidad es homogeneizar los procedimientos internos, reducir los tiempos de respuesta y evitar duplicidades administrativas que ralentizan la acción del Gobierno.

La guía, que estará disponible para el personal a través de la intranet Funcion@, incluye también orientaciones básicas de técnica normativa. Al aportar instrucciones claras sobre cómo redactar y estructurar las leyes, se fomenta una mayor calidad jurídica que beneficia a todo el sistema. Con la aplicación de estos nuevos estándares, la Generalitat aspira a consolidar una tramitación más ordenada y comprensible, fortaleciendo la seguridad jurídica en todo el territorio.
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