Expertos de Asensi Abogados y JDigital abordan en Ceuta el impacto normativo de la nueva regulación, las inspecciones del Sepblac, la suplantación de identidad y las apuestas cruzadas.
El congreso Bet On Ceuta ha reunido a un panel de expertos legales de primer nivel para analizar el pasado, presente y futuro normativo de la industria del juego online. Moderada por Santiago Asensi, socio de Asensi Abogados, la mesa redonda ha contado con la participación de Jorge Hinojosa (director general de JDigital), Sofía García Carpenter (departamento de regulatorio y compliance), Víctor del Águila (departamento de litigación) y Marina Villalonga (especialista en derecho mercantil y activos digitales), todos ellos miembros del bufete Asensi. Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto que el sector ha transitado de una fase de consolidación a una etapa de supervisión mucho más madura, impulsada por un volumen de negocio en el juego online que superó los 450 millones de euros en el primer trimestre de 2026, según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Los ponentes coincidieron en que el cumplimiento normativo ya no se limita a plasmar políticas sobre el papel, sino a demostrar de manera fehaciente su implementación eficaz.
Sofía García Carpenter desgranó las principales novedades regulatorias, destacando el proyecto de Real Decreto en materia de prevención de blanqueo de capitales. Este reglamento modificará la verificación de la identidad, obligando al uso de la videoidentificación de forma estricta y bajo los estándares de la normativa de blanqueo, eliminando la remisión a la normativa sectorial de juego. Asimismo, se obligará a los operadores a comprobar que el titular de la cuenta de juego coincida plenamente con el titular de los métodos de pago utilizados, una medida que el Real Decreto de Juego Seguro ya contemplaba, pero que ahora se universaliza para todos los usuarios. García Carpenter abrió un profundo debate jurídico sobre la fricción existente entre la normativa de juego —como ley especial— y la de prevención de blanqueo, sugiriendo que, ante la dualidad de criterios, los operadores deben guiarse por el estándar más exigente. Marina Villalonga complementó este punto recordando que el cruce de datos personales con el protocolo Pax ya generó en su momento intensas controversias con la normativa de protección de datos, debido a que los operadores debían facilitar información de terceros implicados en las suplantaciones.
Por su parte, Víctor del Águila centró su intervención en los problemas prácticos que afronta la defensa de los operadores en sede judicial ante comportamientos de riesgo y juego responsable, amparados en el artículo 24 de la norma. Del Águila expuso un caso real en el que un usuario realizó apuestas de forma ininterrumpida durante doce horas diarias, obligando al operador a suspender la cuenta por juego responsable. El abogado denunció que los tribunales están emitiendo sentencias desfavorables que obligan a los operadores a reabrir estas cuentas si el jugador es ganador, bajo el argumento de que el operador actúa en fraude de ley para deshacerse de clientes no rentables. "El operador se encuentra en una situación de total indefensión", criticó Del Águila, señalando que el marco normativo actual genera una grave inconsistencia jurídica, ya que si un operador detalla ante un juez que la retención de fondos se debe a una sospecha de blanqueo o comportamiento de riesgo, vulneraría su propia obligación legal de no revelación ante el investigado.
En el plano institucional, la mesa analizó la reciente actividad inspectora del Sepblac, que ha ejecutado por primera vez cuatro inspecciones simultáneas a operadores con sede en Ceuta, seleccionados por su volumen de actividad. Sofía García Carpenter contextualizó esta ofensiva ligándola a la inminente evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) prevista para marzo de 2027, un examen internacional en el que España no participaba desde 2014 y donde el sector del juego online y los casinos han sido expresamente señalados como muestras de examen para el sector privado. Finalmente, Jorge Hinojosa, director de JDigital, expresó la preocupación del sector ante la inminente reforma de la Ley de Regulación del Juego promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyo plazo de consulta pública finaliza el 22 de junio. Hinojosa lamentó que el Gobierno intente reinstaurar las severas restricciones a la publicidad y los bonos de bienvenida del anulado Real Decreto de 2020 a través de una reforma legal parcial, calificándolo como "una oportunidad perdida" para haber entablado un diálogo previo y maduro con el sector. Respecto al uso de criptomonedas en el juego, Marina Villalonga defendió que la entrada en vigor del reglamento europeo MICA en julio de 2027 dotará al mercado de una seguridad jurídica absoluta bajo la supervisión de la CNMV, desvinculando definitivamente el criptoactivo del fraude y abriendo la puerta a su plena integración en las pasarelas de pago de los operadores autorizados.
18+ | Juegoseguro.es – Jugarbien.es
