El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 520/2026, de 24 de junio, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La necesidad de esta reforma se fundamenta en los datos recabados por la autoridad encargada de la regulación del juego. Según recoge el texto legal, alrededor de un tercio de los usuarios activos en internet opera bajo una modalidad multioperador, es decir, mantiene cuentas abiertas en diversas plataformas simultáneamente. Bajo el modelo anterior, los límites económicos de depósito se aplicaban de forma independiente en cada operador, permitiendo que el volumen total invertido por un participante dependiera de cuántas cuentas tuviera operativas. Además, se destaca una desproporcionada concentración del mercado, en la que aproximadamente el 80% de la pérdida acumulada se concentra en apenas el 10% de los usuarios, lo que obligaba a replantear el marco tuitivo actual.
A partir de la implementación técnica de este nuevo modelo, los depósitos máximos que podrá realizar un mismo jugador sumando la totalidad de sus registros en las distintas plataformas autorizadas no podrán exceder límites fijos. En concreto, el nuevo anexo III establece un límite diario de 700 euros, un límite semanal de 1.750 euros y un máximo de 3.300 euros para un periodo de cuatro semanas continuadas. Aunque estas cantidades se fijan con carácter general, las personas jugadoras mantendrán la facultad de disminuirlas de forma inmediata, o bien solicitar su incremento o supresión total. En este último supuesto, las modificaciones por encima de lo estipulado tardarán tres días hábiles en ser efectivas y requerirán que el usuario reciba previamente información detallada sobre los riesgos asociados a la actividad de azar.
El Real Decreto encomienda la gestión y el control de esta herramienta técnica a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), garantizando así una estricta coordinación institucional y la máxima seguridad en el tratamiento de los datos personales. Asimismo, la normativa aprovecha la reforma para actualizar la cuantía de las garantías vinculadas a las licencias generales requeridas a los operadores. El importe ascenderá a 2.600.000 euros por licencia general otorgada durante su periodo inicial, y a 1.300.000 euros en los años posteriores, asegurando el valor real de estas fianzas de cara a la solvencia del mercado. Los operadores dispondrán de una versión de prueba del sistema seis meses antes de su plena entrada en vigor, la cual está fijada con carácter general a los nueve meses de su publicación oficial.
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