El sector confía en que el alto tribunal refuerce la seguridad jurídica y recuerde que las comunidades autónomas ya ejercen una regulación estricta sobre la apertura y ubicación de los establecimientos.
El Tribunal Supremo decidirá hasta dónde pueden llegar los ayuntamientos cuando utilizan el planeamiento urbanístico para limitar la implantación de salones de juego, bingos, casinos y establecimientos con oferta de apuestas.
La cuestión ha llegado al alto tribunal después de que admitiera a trámite un recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anuló parte de su regulación urbanística.
La resolución tendrá alcance estatal, ya que permitirá fijar doctrina sobre si la autonomía municipal en materia urbanística autoriza a establecer distancias, zonas de exclusión o restricciones adicionales para una actividad cuya ordenación corresponde principalmente a las comunidades autónomas.
El sector reclama claridad competencial
La Patronal del Joc Privat de Catalunya, Patrojoc, considera que el procedimiento servirá para delimitar competencias y evitar que los municipios dupliquen o contradigan las normas autonómicas.
La organización empresarial recuerda que el sector opera bajo un marco regulatorio exigente, con autorizaciones administrativas, controles de acceso, restricciones de ubicación, límites cuantitativos y obligaciones específicas de protección del usuario.
Desde la patronal también se señala que algunas iniciativas municipales han tenido un carácter más político que efectivo, al plantearse en localidades donde apenas existen establecimientos o donde la normativa autonómica ya impide nuevas aperturas.
Para el sector, el debate no consiste en eludir la regulación, sino en garantizar que las restricciones sean proporcionadas, estén justificadas y procedan de la Administración competente.
Cataluña ya cuenta con límites estrictos
La normativa catalana establece importantes restricciones para la apertura o traslado de establecimientos de juego.
No pueden autorizarse nuevos salones ni salas de bingo cuando existe otro establecimiento dentro de un radio de 1.000 metros. En el caso de los salones, tampoco se permite su instalación en edificios institucionales, sanitarios o docentes, ni a menos de 100 metros de centros de enseñanza reglada.
Además, Cataluña limita el número máximo de autorizaciones a 126 salones de juego, 75 salas de bingo y cuatro casinos, al margen del régimen específico previsto para el centro recreativo turístico de Vila-seca y Salou.
Los datos de 2025 reflejan que ya se habían concedido las 126 autorizaciones de salones, las cuatro licencias de casino y 73 de las 75 autorizaciones previstas para salas de bingo.
Estas cifras muestran que no se trata de una actividad con libertad de implantación, sino de un sector sujeto a planificación, control administrativo y límites previamente establecidos por la Generalitat.
Los datos oficiales también cuestionan la percepción de una expansión descontrolada del juego presencial en Cataluña.
Según un análisis de la Generalitat basado en la Memoria de actividad del Juego en España, Cataluña contaba en 2024 con 196 establecimientos, equivalentes al 4,6% del total nacional.
La comunidad registraba solo 2,4 establecimientos por cada 100.000 habitantes, la ratio más baja de España y muy alejada de la media nacional, situada en 8,8 locales.
Entre 2015 y 2024, el número de salones, bingos y casinos creció un 13,3% en Cataluña, frente al incremento medio del 43,9% registrado en el conjunto de España. Parte de esa evolución estuvo vinculada a las salas de bingo, el único segmento que todavía disponía de margen dentro de los límites autonómicos.
Patrojoc recuerda, además, que en Barcelona capital cerró aproximadamente un 30% de los establecimientos durante la última década.
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