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¿SERPIENTE DE VERANO O SUBIDA DE COSTES REAL? LA NUEVA TASA ANTIBLANQUEO QUE EL GOBIERNO QUIERE COBRAR A LOS OPERADORES DE JUEGO

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de julio, en primera vuelta, el anteproyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), llamada a sustituir al FROB como autoridad de resolución bancaria y a asumir, además, las funciones del Sepblac y de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Entre sus previsiones más comentadas por el sector del juego figura su modelo de financiación: una tasa sobre los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa, entre los que se incluyen tanto entidades financieras como operadores de juego, complementada con un porcentaje limitado de las sanciones que la propia Anifi imponga. Un anteproyecto real, pero todavía lejos de ser ley No se trata de una filtración ni de un globo sonda: el texto ya ha superado su primera vuelta en Consejo de Ministros.

Sin embargo, el propio Ejecutivo señala que el anteproyecto inicia ahora su fase de audiencia e información pública antes de continuar su tramitación parlamentaria, lo que significa que aún debe superar una segunda vuelta en Consejo de Ministros y, después, el trámite en las Cortes. En el contexto parlamentario actual, eso implica que los plazos de aprobación definitiva son, cuando menos, inciertos — de ahí la pregunta que se hace el sector sobre si esto quedará en agua de borrajas o acabará materializándose. Una tasa finalista, no una subida fiscal general Conviene precisar qué tipo de gravamen es este. No se trata de una modificación del Impuesto sobre Actividades de Juego ni de un incremento de la fiscalidad general del sector, sino de una tasa específica y finalista, destinada a sufragar las funciones de supervisión, inspección y persecución del blanqueo de capitales que asumirá la Anifi.

Su lógica responde, en parte, a una necesidad interna: el FROB llevaba tiempo reclamando un cambio en su financiación, ya que las aportaciones bancarias al Fondo Único de Resolución —de donde obtenía ingresos— se habían reducido a cero al completarse ese fondo, por lo que su actividad dependía en gran medida de los dividendos de CaixaBank. La pregunta sin respuesta: ¿tasa nueva o coste añadido? El punto que ninguna de las informaciones publicadas hasta ahora aclara es si esta tasa se sumará a las que los operadores de juego ya abonan actualmente —vinculadas a la supervisión de la DGOJ u otros conceptos regulatorios— o si, por el contrario, sustituirá o se descontará de alguna de ellas.

El anteproyecto de ley, tal y como ha trascendido, no entra en ese detalle, por lo que se trata de una cuestión que previsiblemente deberá resolverse durante la fase de audiencia pública, y en la que patronales del sector como Jdigital tendrán margen para pronunciarse antes de que el texto avance a su tramitación definitiva. Infoplay seguirá el proceso de audiencia pública del anteproyecto para conocer si finalmente se aclara el alcance real de esta tasa sobre la industria del juego.