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La justicia europea obliga a los bancos a devolver de inmediato los pagos no autorizados: qué significa para los operadores de juego

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado hoy, 15 de octubre de 2026, una sentencia (asunto C-70/25) que refuerza la protección de los usuarios frente a los pagos no autorizados. Según el fallo, un proveedor de servicios de pago —un banco, una entidad de pago o una entidad de dinero electrónico— no puede negarse a devolver de inmediato el importe de una operación no autorizada alegando que el cliente la hizo posible por negligencia grave.

El caso llega de Polonia. Una clienta del banco PKO BP fue víctima de un fraude de suplantación de identidad (phishing): introdujo sus claves de banca online en una web falsa y un tercero le retiró 3.000 eslotis (unos 705 euros). El banco rechazó devolverle el dinero porque consideró que había actuado con negligencia grave. El Tribunal de Justicia le quita la razón.

Primero devolver, después reclamar

La sentencia interpreta los artículos 73 y 74 de la Directiva europea de servicios de pago (2015/2366), conocida como PSD2. En España se incorporó a la ley mediante el Real Decreto-ley 19/2018. Las claves del fallo son:

• El proveedor de pagos debe devolver el importe de inmediato, como muy tarde al final del día hábil siguiente a conocer la operación.
• La única excepción es que el proveedor tenga motivos razonables para sospechar un fraude del propio cliente y los comunique por escrito a la autoridad nacional competente.
• La negligencia grave del cliente no le exime de devolver. Solo le permite reclamar después al cliente esas pérdidas, por las vías legales y asumiendo él la carga de la prueba.

En palabras del tribunal, el artículo 73 impone la devolución inmediata, mientras que el artículo 74 regula “el reparto de la responsabilidad” entre el proveedor y el cliente “en una fase posterior”.

¿Qué cambia para los operadores de juego?

Directamente, nada. La sentencia se refiere a la relación entre el cliente y su proveedor de pagos. Los operadores de juego online son, en esa cadena, los destinatarios de los pagos (los depósitos de los jugadores), no quienes los ejecutan. El fallo no les impone obligaciones nuevas y tampoco les libera de ninguna: sus deberes de identificación y verificación de los jugadores no dependen de esta norma.

Indirectamente, el sector puede notar algunos efectos:

• Más reclamaciones sobre depósitos. Si un tercero usa credenciales robadas para depositar en una web de juego, o si un jugador alega que no autorizó sus depósitos, su banco tendrá que devolverle el dinero primero y discutir después si hubo negligencia o fraude. Ya no podrá rechazar la devolución de entrada.
• Más presión en la cadena de pagos. El fallo no regula qué ocurre después entre el banco y el comercio que recibió el pago. Esa relación depende de los contratos y de las reglas de los sistemas de tarjetas, que suelen prever retrocesiones de cargos (chargebacks). Si las devoluciones a clientes aumentan, es previsible que los bancos busquen recuperar esos importes, también de los comercios.
• Más valor de la prueba. Como el proveedor de pagos debe demostrar la negligencia o el fraude del cliente, ganan peso la autenticación reforzada, la verificación de la identidad y el registro de cada operación. Son terrenos donde los operadores con licencia en España ya trabajan con controles estrictos de identificación y de titularidad de los medios de pago.
• Las entidades de dinero electrónico y monederos digitales muy usados en el juego online sí son proveedores de servicios de pago. Para ellos, la sentencia se aplica de lleno.

Lo que la sentencia no cambia

El reparto final de las pérdidas sigue siendo el mismo. Si el cliente actuó de forma fraudulenta o con negligencia grave, acaba soportando las pérdidas, aunque el proveedor deba devolver primero y reclamar después. Tampoco afecta a la única excepción prevista: la sospecha fundada de fraude del propio cliente, comunicada por escrito a las autoridades.