¿Y el juego público? El decreto del límite conjunto ignora a Loterías y deja la entrada de la ONCE en manos de un acuerdo que no consta firmado
Infoplay ha revisado el decreto: el tope obliga a los operadores con licencia, mientras que Loterías no aparece y la ONCE solo podría sumarse por acuerdo.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto hoy en marcha el límite global de depósitos en el juego online: 700 euros al día, 1.750 a la semana y 3.300 cada cuatro semanas, sumando todas las cuentas de cada jugador. También ha lanzado el Portal del Jugador. Queda en el aire, sin embargo, una pregunta clave para el sector: ¿computan en ese límite los depósitos en el juego público?
Consumo no menciona el juego público
La nota de prensa de Consumo no hace ninguna referencia al juego público. No nombra a Loterías y Apuestas del Estado ni a la ONCE. Solo habla de un límite para «todos los operadores» en los que el jugador tenga cuenta y de la actividad en los «operadores autorizados».
Para buscar la respuesta, Infoplay ha revisado el texto íntegro del Real Decreto 520/2026, de 24 de junio. Es la norma que crea el sistema modificando el Real Decreto 1614/2011, de licencias, autorizaciones y registros del juego.
La única referencia expresa al juego público está en el apartado 4 que el decreto añade a la disposición adicional duodécima del Real Decreto 1614/2011, dedicada al régimen específico de la ONCE.
Según ese apartado, para garantizar el funcionamiento «global» del sistema, el Consejo de Protectorado de la ONCE «podrá suscribir un acuerdo» con la Dirección General de Ordenación del Juego. El acuerdo permitiría intercambiar información sobre los depósitos de sus usuarios e interconectar sus sistemas con el límite conjunto, «sin menoscabo de las competencias que corresponden al Consejo de Protectorado».
El verbo es clave: «podrá». Se trata de una posibilidad, no de una obligación. La ONCE mantiene su régimen jurídico propio, y la supervisión de su juego no corresponde a Ordenación del Juego, sino al Consejo de Protectorado. A día de hoy no consta que ese acuerdo se haya firmado.
El caso de Loterías y Apuestas del Estado es aún más llamativo, porque el decreto no la menciona.
El nuevo artículo 36 bis obliga a los «operadores de juego» a conectarse al sistema y a rechazar los depósitos que superen el límite. El propio Real Decreto 1614/2011 define al operador de juego como quien ha obtenido un título habilitante. Ese título es el que se exige para las actividades de juego no reservadas, es decir, las que explotan los operadores privados con licencia.
Loterías y Apuestas del Estado aparece en otra disposición, la undécima, que la designa como operador legalmente autorizado para comercializar las loterías, una actividad reservada por la Ley 13/2011.
Leído al pie de la letra, lo que Loterías vende por internet quedaría fuera del límite conjunto. Ni Consumo ni el decreto lo aclaran expresamente, y la cuestión está pendiente de una confirmación oficial.
La exclusión del juego público no es una sorpresa. En septiembre de 2025, The Objective ya alertó, a partir de una respuesta parlamentaria del ministro Pablo Bustinduy, de que los límites se aplicarían al juego online privado y dejarían al margen las loterías y los productos instantáneos. Aquella información recordaba también que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había advertido del riesgo de que el sistema distorsionara la competencia.
El trato diferente entre juego público y privado vuelve así al centro del debate. Esta misma semana, en el Congreso de Juego de Castilla y León, el abogado Jesús Serrano cuestionó el privilegio de la ONCE frente a las máquinas de bares y salones.
El Gobierno justifica el límite conjunto con dos datos que recoge el propio decreto:
El sistema está en fase de pruebas y será obligatorio el 26 de marzo de 2027. Hasta entonces queda por saber si el tope que se aplicará a los operadores privados tendrá también su equivalente en el juego público.
