La industria del juego de Brasil, en pie de guerra en el Supremo: “La prohibición no hace desaparecer la actividad, hace que deje de tributar”

Diez horas de audiencia dieron para mucho. El Supremo Tribunal Federal de Brasil escuchó este martes a 34 entidades sobre la Medida Provisional 1.394/2026, con la que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prohibió el pasado 25 de septiembre las apuestas de cuota fija y el juego online en el país. La industria aprovechó la ocasión para cerrar filas contra la medida, con un mensaje claro: el juego no desaparece con la prohibición, se va a la ilegalidad.

La sesión la convocó el ministro Luiz Fux, relator de las acciones de inconstitucionalidad contra la medida. Infoplay ya había adelantado la convocatoria de esta audiencia tras la reelección de Lula y había analizado hasta qué punto era creíble el veto del presidente al juego online.

La voz más dura fue la de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), la patronal que presentó la acción principal contra la medida. Su representante, Pietro Cardia Lorenzoni, defendió que la ley de 2023 no inventó nada: “La regulación no se hizo para crear un mercado. Fue un intento de domar al dragón, pero el dragón ya existía”. También acusó al Gobierno de cerrar la puerta a cualquier compensación: “Una medida provisional no puede proteger al Gobierno federal de los daños que ella misma causa”.

Lorenzoni respaldó su intervención con cifras. Según los datos del Ministerio de Hacienda que citó, el volumen de apuestas había caído un 32% en 2026 y más del 60% del mercado ya estaba canalizado hacia los operadores regulados. Recordó además que cada empresa pagó 30 millones de reales por su licencia, que el sector aportó cerca de 3.000 millones a las arcas públicas además de los impuestos y que destinaba más de 1.000 millones al año al fútbol.

En la misma línea se pronunció Ana Sofia Monteiro Signorelli, jurista y economista de la asociación Anseja, autora de otra de las acciones contra la medida. Su frase fue de las más repetidas de la jornada: “La prohibición no hace desaparecer la actividad, hace que la actividad deje de tributar”. Signorelli calculó que la pérdida de recaudación podría llegar a al menos 12.700 millones de reales, sin contar las posibles devoluciones de licencias.

El Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR), que agrupa a grandes operadores internacionales, pidió a través de su abogado Celso Cintra Mori una medida cautelar que suspenda la prohibición hasta que se pronuncien el Congreso o el propio Supremo. Mori sostuvo que la medida “causa daños irreversibles” porque rompe relaciones jurídicas establecidas de buena fe.

Por parte de la asociación de inteligencia artificial y juego AIGAMING, Ana Clara Marques de Barros Santos aportó datos de la propia Secretaría de Premios y Apuestas: el 70% de los apostadores jugaba hasta 50 reales al mes, en sesiones de unos 12 minutos, y solo el 0,8% desarrolla un trastorno de juego.

También hablaron sectores que no son estrictamente del juego. Gustavo Binenbojm, en nombre de la asociación de emisoras de radio y televisión Abert, criticó la prohibición total de la publicidad y el plazo de diez días para retirarla, y aseguró que las denuncias diarias contra webs ilegales en el organismo de autorregulación publicitaria han pasado de 2,3 a 8,5. Eric Brasil, de la asociación Able, cifró en 37.000 millones de reales el gasto de las familias en apuestas en 2025, menos del 0,5% del consumo. Y Milton Jordão, presidente de la comisión de Derecho Penal Deportivo de la asociación de abogados penalistas Abracrim, advirtió de que la prohibición acabará entregando el mercado al crimen organizado y pidió un periodo de transición.

El fútbol, principal beneficiario de los patrocinios, también se plantó. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) prevé perder 420 millones de reales en 2027, recordó que 27 de los 40 clubes de la Serie A y la Serie B tienen una casa de apuestas como patrocinador principal y pidió un periodo de transición. El Flamengo estima una pérdida de unos 430 millones al año, el Fluminense recordó que los patrocinios de apuestas supusieron el 34% de los ingresos de los clubes en 2025 y el Comité Olímpico de Brasil dejaría de recibir unos 130 millones.

Enfrente, el Gobierno mantuvo su postura. El ministro de Sanidad, Alexandre Padilha, defendió que “la regulación no es suficiente para contener los daños”, y el Ministerio de Justicia informó de que entre el 25 de septiembre y el 29 de octubre pidió la retirada de 36.905 webs. La patronal de supermercados y la confederación del comercio también respaldaron la prohibición.

Fux cerró la sesión sin fecha para una decisión. Señaló que parte del conflicto podría resolverse fuera de los tribunales y que, si le toca al Supremo, actuará “con racionalidad y prudencia”. La Fiscalía General todavía no se ha pronunciado sobre las acciones, y el Congreso tiene hasta el 23 de noviembre, prorrogable 60 días, para convertir la medida en ley o dejarla decaer. La industria, de momento, ya ha dejado claro que no piensa rendirse.