La Junta de Castilla y León aprobó ayer el proyecto de ley de Medidas de Reducción de Cargas Administrativas para la Dinamización Empresarial, que modificará tres leyes autonómicas para facilitar los trámites a los empresarios a quienes espera ahorrar unos 6,5 millones anuales.
El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha confiado en que estos cambios normativos y este ahorro en tramitaciones y simplificación del ‘papeleo’ servirá a los empresarios para acometer nuevos proyectos y para “generar más empleo”.
Las estimaciones de la Junta de Castilla y León son que con la aplicación de esta nueva normativa se reducirán a un día algunos plazos administrativos que hasta ahora pueden extenderse durante varios meses.
En el caso de la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el principal cambio radica en que se sustituye la exigencia de una licencia ambiental para abrir un negocio por una simple comunicación, con lo que logra reducirse el plazo de dos meses a un día.
Otros trámites como el establecimiento de horarios, las condiciones de admisión a un local y la ubicación de máquinas tragaperras también se ven beneficiados por estos cambios normativos, que prevén también para el sector del juego unas modificaciones que harán más fácil su implantación.
En concreto, los casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas verán cómo las distancias que deben mantener sus ubicaciones respecto a colegios se fija en los
100 metros, y en
300 metros de otros establecimientos de la misma naturaleza. Especialmente en el primer caso, se beneficiarán los bingos, ya que hasta ahora “chirriaba”, en palabras del consejero, que su alejamiento tuviera que ser de un kilómetro.
De Santiago-Juárez ha recordado que el sector del juego en Castilla y León absorbe el 20,3 por ciento del negocio del sector servicios y unas 65.000 personas están ocupadas en unos 22.000 establecimientos vinculados al mismo, por lo que confía en que este sector se vea favorecido con un ahorro de unos 3,5 millones de euros.
Tras su aprobación hoy en el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley será remitido a las Cortes de Castilla y León para su tramitación, donde en principio encontrará apoyo al menos en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que ya ha pactado en otros acuerdos medidas relacionadas con la reducción de trámites para autónomos y emprendedores.
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