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La Asamblea de AESCAM analiza la situación actual del sector de los establecimientos de Juego en Castilla-La Mancha

 
Los empresarios de establecimientos de juego de Castilla-La Mancha se han reunido, en una Asamblea General Extraordinaria de AESCAM, para analizar la situación actual del sector en la Comunidad Autónoma que, como en el resto del territorio nacional, viene marcada por una fuerte presión mediática, que se está sustentando fundamentalmente en unas acusaciones que en la mayor parte de los casos están tergiversadas o que son directamente falsas.
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En este sentido, los asistentes han considerado que son especialmente graves las acusaciones sobre que los menores acceden impunemente a los establecimientos de juego o que estos locales se instalan de forma intencionada cerca de los colegios. Sobre la primera cuestión se ha recordado que Castilla-La Mancha fue de las primeras Comunidades que, de acuerdo con el propio sector, estableció un control de acceso a estos locales, con obligación de impedir la entrada a los menores y a las personas inscritas en los registros de prohibidos, sin que en los últimos meses se haya levantado ni un solo acta de infracción por detectar presencia de menores en los establecimientos de la Comunidad, pese a que los mismos están siendo objeto de continuas inspecciones.

También se ha rechazado la segunda de las acusaciones, ya que se considera que es absolutamente falso, y sin sentido alguno, que las empresas tomen, como parámetro para realizar la importante inversión que supone la apertura de un local de este tipo, el que haya un colegio o instituto cerca, cuando estos chicos no pueden acceder a los locales y además cuentan con un poder adquisitivo mínimo.

Además de analizar esta difícil e injusta situación generada en torno a estas acusaciones infundadas, en la Asamblea se ha informado a las empresas de la próxima tramitación de una nueva Ley de Juego anunciada por el Gobierno Regional, así como de la reunión mantenida recientemente con el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se abordaron estas cuestiones y se manifestó la completa implicación de todo el colectivo empresarial para lograr que esta actividad constituya una oferta de ocio y entretenimiento que se realice de manera saludable en nuestra Comunidad.

Como prueba de ello, y del indiscutible interés de las empresas del sector por hacer las cosas lo mejor posible, en la Asamblea ha estado presente D. Juan Lacarra, Secretario General de ANESAR (Asamblea Nacional de Salones), quien ha informado a las empresas de los diferentes programas y actividades de formación y de responsabilidad social corporativa que se ofrecen desde dicha Asociación. De manera particular, Juan Lacarra ha señalado que:

– Para los clientes, se les ofrece un «decálogo de juego responsable» que ha sido bien valorado incluso por las propias asociaciones de afectados, en el que se les invita a hacer un uso moderado de las actividades de juego.

– Para los empleados de los salones, se ofrece un programa de formación, encaminado a que éstos puedan conocer adecuadamente todas las obligaciones normativas que deben cumplirse en los locales, así como a detectar jugadores que no estén jugando de forma responsable, así como la forma de ayudarles.

– Y, finalmente, para las empresas, se cuenta un programa de auditoría de calidad de los salones, realizado por una empresa certificada, en el que se evalúan los procedimientos de actuación de los mismos y se les invita a corregir o mejorar aquellos aspectos que se estimen convenientes.

En definitiva, en la Asamblea se ha detectado una mezcla de preocupación por los ataques (en muchos casos injustos) que se están realizando al sector y de una decidida voluntad de las empresas por hacer las cosas todavía mejor, con una completa disposición a colaborar con la Administración Autonómica para que las actividades de juego se desarrollen de una forma lúdica y responsable en la Comunidad, corrigiendo lo que sea necesario, pero sin que esa injusta presión mediática que se está realizando contra el sector llegue a dar lugar a la adopción o imposición de medidas desmesuradas e injustificadas que pudieran llegar a hacer inviables estas actividades.
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