El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anula el plan urbanístico del proyecto al situarse en una zona de riesgo por la industria petroquímica de Tarragona
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el plan urbanístico de la Generalitat para construir el proyecto en la costa de Tarragona, pieza indispensable para el macrocomplejo, al concluir que incumple la normativa de riesgos químicos.
En una zona de riesgo como esta, se recuerda, no se pueden levantar proyectos de envergadura como el BCN World y solo deberían construirse las obras "vinculadas a la prevención de riesgos" químicos. Los magistrados se sitúan así en línea con el recurso de las entidades ecologistas en contra del proyecto, encabezadas por el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC).
Esto no ocurre, según el TSJC, con el proyecto de ocio proyectado por el Govern, que pretendía levantar más de 150.000 metros cuadrados para equipamientos y 745.000 metros cuadrados de casinos, tiendas y hoteles al lado del parque de atracciones Port Aventura, con el consiguiente movimiento de personas y "la posibilidad de coincidir en un lugar en situación de riesgo químico" derivado de la industria tarraconense.
El plan ahora anulado preveía, para intentar salvar los riesgos químicos, que no se celebraran eventos masivos o deportivos, limitaciones que para el tribunal son de “difícil aplicación práctica”, y además, recalcan los jueces, dejarían el BCN World sometido a “una suerte de régimen de excepción permanente de dudosa compatibilidad con nuestro sistema de derechos y libertades e incompatible con todo lo que la ley y la conciencia social y colectiva reclama".
La sentencia de este martes supone la estocada definitiva a un proyecto ideado por el Govern de Artur Mas en 2012 y que había sufrido sucesivas modificaciones, empezando por la espantada del inversor Enrique Bañuelos, que el Govern intentó suplir con la multinacional norteamericana Hard Rock. Este mes de septiembre Hard Rock había conseguido que el Govern le avanzara el 80% de los 120 millones de euros para comprar los terrenos del macrocomplejo, propiedad de Criteria (La Caixa).
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