En los primeros días de reapertura del sector, después del estado de alarma, un salón de juego de Baleares sufrió las amenazas e intentos de extorsión de quien fuera un jugador habitual de sus instalaciones, pero había solicitado su inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego una semana antes de la declaración del estado de alarma.
El jugador autoprohibido burló los controles de seguridad, usó una identificación de otra persona, canjeó 1300 euros; y, tras perderlos, increpó al personal del local para amenazarlos con denunciarlos ante la Comisión del Juego por haber permitido su acceso.
El individuo exigía le pagaran como mínimo la cantidad que había apostado o procedería con la denuncia. Las amenazas e intimidaciones se repitieron varias veces, también en otros cuatro establecimientos de la cadena de salones, hasta el punto de mencionar la posesión de armas de fuego.
Según información publicada por Crónica Balear, la querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, el denunciante busca erradicar “una conducta delictiva cada vez más habitual que, sin embargo, no cuenta con una tipificación específica en el Código Penal”.
En este sentido, cabe destacar que una infracción relacionada con el acceso de un jugador autoprohibido a un local de juego puede traer graves consecuencias como: multas de hasta 450.000 euros, cierre temporal o definitivo, o incluso la inhabilitación para las operaciones de juego. Por otro lado, desde la empresa aseguran que tras varios años de operaciones, nunca ha sido sancionada por incumplir las prohibiciones de acceso y tienen un sistema de control instalado.
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CRÓNICA BALEAR
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