La Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (ASOJUEGOS) y la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (FECOLJUEGOS) han emitido serias declaraciones sobre el proceso de licitación de Baloto en Colombia, el cual ha quedado desierto.
Los gremios del sector del juego colombiano hacen énfasis en que las condiciones económicas bajo las cuales estaba estructurando el proceso no hacían viable financieramente su operación. Asimismo, destacan que Coljuegos no tuvo en consideración las observaciones técnicas, financieras y jurídicas presentadas.
En este sentido, hacen un llamado a los directivos de la entidad, para replantear el proceso acudiendo a los principios de planeación, racionalidad económica de la operación (principio del monopolio) y transparencia, de manera que se establezcan condiciones viables.
Compartimos el texto íntegro:
Doctor CESAR VALENCIA GALIANO Presidente COLJUEGOS
ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO DECLARATORIA DESIERTO PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No. LP- 01- 2021
Respetado Doctor Valencia:
En nuestra calidad de presidentes de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERADORES DE JUEGOS – ASOJUEGOS- y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR -FECOLJUEGOS-, nos permitimos pronunciarnos frente a la resolución No. 20211200032974 del 17 de noviembre de 2021 por la cual se declaró desierta la Licitación Pública No. LP- 01- 2021 que tenía por objeto “OTORGAR EN CONCESIÓN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR DE LA MODALIDAD NOVEDOSO DE TIPO LOTO EN LÍNEA DENOMINADO BALOTO, POR EL TÉRMINO DE 5 AÑOS”.
Baloto es un juego insignia, no solo por lo que representa en términos de ingresos para la salud de los colombianos, sino también, por el posicionamiento en el mercado nacional. Este es un juego que ha estado por 20 años operando en el país, por lo que la no presentación de oferentes en el marco del proceso licitatorio deja grandes cuestionamientos a la entidad frente al principio de planeación y de estructuración del proceso como tal en sus condiciones económicas y jurídicas; así como también, gran preocupación respecto de lo que representa la posibilidad de no tener un operador para este juego, lo que generaría grandes pérdidas para la salud que ascienden a 291.809 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020.
Desde la fase de prepliegos, se le insistió a la entidad que las condiciones económicas bajo las cuales estaba estructurando el proceso no hacían viable financieramente su operación. La entidad pretendía percibir el 32,60% de los ingresos brutos del juego (es decir, sin descontar premios) con un ingreso mínimo garantizado; un valor por “beneficios colaterales” más el valor de la interventoría, sin contar con los desarrollos tecnológicos requeridos que deben realizarse en un tiempo muy corto para la implementación.
Vale la pena resaltar que, Coljuegos no tuvo en consideración las observaciones técnicas, financieras y jurídicas presentadas por los gremios, justificando su posición en que el mínimo garantizado ya está en el contrato actual, no obstante, lo que existe es una figura de revisión que permite bajo unas condiciones establecer si se debe ajustar el valor del contrato con los criterios establecidos, con lo cual, la entidad publicó un proyecto inviable para los oferentes; lo anterior, no solo pone en riesgo los ingresos que genera la explotación de dicho juego; sino también, el conocimiento y experiencia de contar con un operador idóneo para la concesión del juego.
Desafortunadamente al declararse desierta la licitación, el siguiente paso es adelantar un proceso de selección abreviada que deberá iniciarse dentro de los 4 meses posteriores a la declaratoria, o en su defecto, podría conllevar a una urgencia manifiesta, para hacer una contratación directa.
De manera atenta y respetuosa hacemos un llamado a los directivos de la entidad, para replantear el proceso acudiendo a los principios de planeación, racionalidad económica de la operación (principio del monopolio), transparencia y para que se establezcan condiciones que sean viables para que una empresa esté dispuesta a asumir el riesgo de la operación que, entre otras, es el 100% para el concesionario. Con lo anterior, dejamos plasmadas nuestras preocupaciones, reiterando la necesidad de revisar a fondo las condiciones económicas de este proceso, ya que, el beneficio financiero se debe reflejar para las dos partes, incentivando así la inversión de particulares.
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