La Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE ha creado ya un expediente para investigar la ley antifraude del Ministerio de Hacienda, la cual fija un tope de 1.000 euros para los pagos en efectivo peso a los criterios del Banco Central Europeo (BCE) que lo considera "desproporcionado".
En este sentido, Bruselas "llevará a cabo una evaluación preliminar del asunto en un plazo de dos meses e informará de sus resultados", los cuales podrían conducir a un procedimiento de infracción.
Debemos recordar que la normativa española establece que el tope para los pagos en efectos se reduce de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. Mientras que, en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España, el límite de pago en efectivo pasa de 15.000 a 10.000 euros.
En ambos casos, el BCE cree que pone en peligro el concepto de "curso legal" del euro, al limitarlo como moneda de pago. Asimismo, no considera la posibilidad de eventualidades o contingencias para realizar pagos telemáticos.
Por otro lado, los límites impuestos “reducen significativamente la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago", según expertos del BCE.
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