Con su brillantez tan característica, el abogado Rafael Andrés Alvez, explica en redes sociales la necesidad de normativas proporcionales en necesidad y eficiencia, para acabar con las problemáticas, sin perjudicar la actividad empresarial, otorgando a las empresas la necesaria seguridad jurídica con absoluta transparencia y sin imponer cargas innecesarias.
A continuación, el texto completo:
El pasado 1 de julio se abrió período de información pública del anteproyecto de Ley por la que se regulan los mecanismos aleatorios de recompensa asociados a productos de software interactivo de ocio publicándose dicho anteproyecto y su Memoria del Análisis de Impacto Normativo en la página web del Ministerio de Consumo.
En dicho anteproyecto se establece la prohibición de acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por personas menores de edad.
En un país en el que el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo deja en manos de la responsabilidad de las mujeres menores de 18 años decidir sobre un aborto y el Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI permite, en ese mismo término de responsabilidad, que con 16 se pueda solicitar ante el Registro Civil el cambio de sexo, resulta que un menor de 18 años no va a poder decidir, con igual responsabilidad, si activa una caja de botín en el FIFA 22, pero si podrá ir al kiosko o comprar una caja de sobres de cromos de Panini Adrenalyn por parecido valor.
En fin, ya ocurrió con el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de actividades de juego, el relato interesado gobernó sobre el dato. Se impuso al sector, sin atender a sus propuestas, un término de prohibición basado en un supuesto interés general que no se componía con la realidad (el porcentaje de juego problemático lleva descendiendo años) donde hubiera bastado trasponer como se pedía el Código de Conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego, con pequeñas modificaciones, autorregulación, que con sensatez y a la vista de los datos, con éxito, ordenaba la publicidad de juego sin equidistancias (ahora ONCE y SELAE ocupan casi todo el espacio publicitario de manera abrasiva con anuncios que te ofrecen cambiar la vida por un rato o para siempre, eso que se criticaba desaforadamente a los operadores privados, copan los patrocinios deportivos -con cifras ridículas comparando el anterior escenario- y encima te dicen bien jugado).
Lo ideal es que desde el dato objetivo y la respuesta coordinada entre los diferentes sectores y las administraciones actuantes se incorporasen normativas proporcionales en términos de necesidad y eficiencia, para acabar con las problemáticas, sin perjudicar la actividad empresarial, otorgando a las empresas la necesaria seguridad jurídica con absoluta transparencia y sin imponer cargas innecesarias.
Lo que desde hace tiempo no ocurre en el sector del juego, donde prima la hiperregulación prohibitiva sin atender, en la inmensa mayoría de los casos a las justas reclamaciones del sector y no sería deseable que ahora también empezará a ocurrir en el sector de los videojuegos.
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