La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta pública para revisar y actualizar los sistemas de autorregulación y corregulación aplicables a la calificación por edades de los programas audiovisuales y la implementación de descriptores visuales en los contenidos televisivos.
Esta medida es parte de los esfuerzos por adaptar la normativa a los nuevos desafíos planteados por la Ley 13/2022, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), que tiene como objetivo la protección de los menores frente a contenidos potencialmente perjudiciales en los medios audiovisuales.
Con la publicación de esta consulta pública, la CNMC busca la participación activa de los distintos actores del sector audiovisual, incluyendo prestadores de servicios de comunicación televisiva, plataformas de vídeo bajo demanda y asociaciones de consumidores. El objetivo es avanzar en la creación de un nuevo Código de Conducta que sustituya al anterior, firmado en 2004 por importantes grupos audiovisuales españoles, como RTVE, Atresmedia y Mediaset, junto a otras entidades. Este código pretende unificar criterios para la calificación de los contenidos audiovisuales y establecer un sistema más claro y eficaz de descriptores visuales que informen a los usuarios sobre los contenidos potencialmente perjudiciales para menores.
La nueva LGCA, aprobada en 2022, requiere una actualización del anterior Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, vigente desde 2004, para alinearlo con los principios de protección infantil, transparencia y responsabilidad que recoge la legislación actual. Esta ley establece que los prestadores de servicios audiovisuales deben implementar un sistema de calificación por edades y descriptores visuales que permita a los padres y tutores ejercer un mayor control sobre los contenidos a los que pueden acceder los menores.
La consulta pública propuesta por la CNMC pretende recoger las opiniones y aportaciones de los interesados sobre las nuevas directrices que se implementarán. Este proceso se enmarca en una estrategia más amplia para fomentar la autorregulación y corregulación en el ámbito audiovisual, con el fin de que los propios prestadores del servicio asuman un rol activo en la protección de los menores y en el cumplimiento de los estándares de la LGCA.
El nuevo código de conducta pondrá fin al periodo transitorio instaurado tras la aprobación de la LGCA, en el cual se utilizaban sistemas complementarios y transitorios de calificación por edades, basados en criterios del anterior código. La normativa transitoria fue adoptada por varios prestadores de servicios audiovisuales en julio de 2023, en un esfuerzo conjunto para adaptar sus procedimientos hasta que se apruebe oficialmente el nuevo Código de Conducta.
El nuevo código no solo pretende ser una actualización, sino también una herramienta más robusta para abordar las demandas actuales del panorama audiovisual. Incluirá un sistema de resolución de reclamaciones y un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos ante el Jurado de la Asociación para Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol). Este mecanismo permitirá a los usuarios y entidades presentar reclamaciones cuando consideren que la calificación o los descriptores visuales asignados a un programa no son adecuados.
El Código de Conducta en proceso de consulta establecerá directrices claras para la calificación de los programas audiovisuales por edades y el uso de descriptores visuales. Además, cumplirá con los requisitos establecidos en varios artículos de la LGCA (artículos 12, 15, 97, 98 y 99), que regulan la protección de los menores y los contenidos audiovisuales potencialmente perjudiciales. Los prestadores de servicios audiovisuales adheridos deberán aplicar este sistema, aunque podrán sumarse nuevos firmantes en el futuro.
El código también incluirá un mecanismo sancionador para los prestadores que incumplan las directrices, además de un sistema de seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos. Estos controles se llevarán a cabo de manera transparente e independiente, garantizando la integridad del proceso.
Por otro lado, se prevé la participación activa de asociaciones de consumidores y usuarios, quienes desempeñarán un papel clave en la evaluación y supervisión del cumplimiento del código. El organismo responsable de la implementación y supervisión del mismo será Autocontrol, que emitirá informes semestrales y anuales para evaluar la consecución de los objetivos establecidos en el código.
Sistema de calificación y descriptores visuales
El nuevo sistema de calificación incluirá una clasificación por edades dividida en las siguientes categorías:
- Especialmente recomendado para la infancia.
- Apto para todos los públicos.
- No recomendado para menores de siete años.
- No recomendado para menores de doce años.
- No recomendado para menores de dieciséis años.
- No recomendado para menores de dieciocho años.
- Clasificación X.
Cada una de estas categorías estará asociada a un conjunto de descriptores visuales que indicarán si un contenido es potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de los menores. Estos descriptores facilitarán información clara a los usuarios sobre la naturaleza de los contenidos, permitiendo a padres y tutores ejercer un control más efectivo sobre el consumo audiovisual de los menores.
Objetivos y próximos pasos
La CNMC pretende que el nuevo código de conducta, tras la fase de consulta pública, ofrezca un marco claro y adaptado a las nuevas realidades del entorno digital y televisivo. La idea es que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual adopten estos principios y ajusten sus prácticas, garantizando que los menores estén protegidos frente a contenidos inapropiados.
En las próximas semanas, se espera que diversos actores del sector audiovisual, incluyendo tanto grandes corporaciones como nuevos prestadores de servicios de streaming, participen en la consulta, aportando sugerencias que permitan mejorar el código propuesto. Tras la fase de consulta, la CNMC evaluará las propuestas y procederá a la aprobación del código final, que será supervisado y aplicado tanto a nivel estatal como autonómico.
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