Inmaculada Domínguez, directora general de Tributos y Juego de la Generalitat Valenciana, ha defendido en declaraciones al diario La Razón el nuevo enfoque de la administración autonómica en la lucha contra el juego ilegal y la prevención de adicciones, tras la inclusión en los presupuestos de 2025 de una partida de 700.000 euros procedentes de sanciones.
“Este define las actuaciones concretas que Sanidad, junto con Educación y Servicios Sociales, van a llevar a cabo en materia de prevención”, explicó Domínguez, refiriéndose a la Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico 2023-2027 como base para planificar las medidas y asignar recursos.
Además, subrayó que, por primera vez, la Generalitat contará con un Plan de Inspección del Juego 2024-2026 con personal propio para labores de control y fiscalización, incluyendo verificación de accesos, cumplimiento de la normativa publicitaria y control de posibles manipulaciones de máquinas recreativas, así como vigilancia específica sobre “timbas ilegales de póker en salones y domicilios privados”.
Domínguez reconoció que hasta ahora la administración no disponía de inspectores dedicados exclusivamente a esta tarea: “No nos habían dado la posibilidad de tenerlo a título propio”, apuntó.
Sobre el sector del juego legal, Domínguez matizó: “No queremos demonizar el juego”, y añadió que se trata de una actividad legal que, solo en 2023, aportó 150 millones de euros a las arcas autonómicas a partir de 2.804 millones de euros jugados en la Comunitat, excluyendo las Loterías y Apuestas del Estado. “La función de la administración es controlar qué se está cumpliendo y, a partir de ahí, el empresario que cumple, déjale que actúe”, recalcó.
Respecto a la prevención, que absorberá el 60% de la nueva partida presupuestaria, la directora destacó el papel de las 80 Unidades Preventivas de Conductas Adictivas (UPCAS) distribuidas en municipios valencianos. “La gran mayoría va a estas unidades, que son las que están más sobre el terreno y buenos resultados dan”, afirmó.
Con estas medidas, Domínguez defiende un modelo basado en la prevención activa, la inspección planificada y un control riguroso, pero sin estigmatizar a quienes desarrollan su actividad conforme a la ley.
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