La Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) ha expresado su pleno respaldo a la entrada en vigor del Decreto N.º 3846/2025, firmado recientemente por el presidente Santiago Peña Palacios, que reglamenta la Ley N.º 7438/2025, una reforma clave que pone fin a casi tres décadas de vacío regulatorio en el sector del juego.
Esta nueva normativa representa un cambio estructural e institucional de gran calado: deroga el obsoleto marco legal de la Ley N.º 1016/1997 y redefine el rol del Estado en la regulación de los juegos de azar. El decreto establece reglas claras, criterios tecnológicos y nuevas obligaciones para los municipios, quienes ahora tienen un plazo de 30 días para informar a la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) sobre los permisos vigentes, el tipo de juegos autorizados y los cánones cobrados.
Según explicó Lorena Rojas, presidenta de Apoja, la medida es “un avance significativo que devuelve orden y credibilidad a una industria con un importante impacto económico y social”. Rojas recordó que los 263 municipios del país, responsables de otorgar licencias a salas de juegos —principalmente de tragamonedas—, deberán adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas. “Los sistemas de los concesionarios deberán estar conectados en tiempo real con la autoridad reguladora”, indicó, en referencia al artículo 5 del decreto.
Además, todos los dispositivos deberán estar certificados por organismos independientes acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA), sin vínculos con los operadores. Esta exigencia busca garantizar transparencia, control técnico y trazabilidad en la recaudación, cerrando la puerta a la clandestinidad que, hasta ahora, lastraba la imagen del sector.
El nuevo diseño institucional también trae consigo un cambio profundo en la gobernanza del juego en Paraguay. La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) es sustituida por la Dirección General de Juegos de Azar, una dependencia con carácter operativo que funcionará bajo el paraguas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), liderada por Óscar Orué. Esta reestructuración busca dotar al Estado de mayor capacidad fiscalizadora, incluso con facultades para incautar equipamientos usados en apuestas ilegales.
En paralelo, el decreto también abre la competencia en el sector, con la eliminación de los monopolios históricos de la quiniela y las apuestas deportivas, en línea con la Ley N.º 4956 de Defensa de la Competencia y avalado por la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom). Esto supone un nuevo escenario para los operadores, que deberán competir en igualdad de condiciones y con reglas claras.
Rojas subrayó que la recaudación formal derivada del juego no solo impacta en las arcas del Estado, sino también en programas sociales. En este sentido, celebró que el nuevo régimen legal contemple el destino de parte de los ingresos al financiamiento del sistema sanitario público, gestionado por la Dirección de Beneficencia (Diben). “Combatir el juego ilegal y formalizar la actividad permitirá más ingresos y, con ello, más recursos para los sectores más vulnerables”, concluyó.
La entrada en vigor del Decreto N.º 3846/2025 marca así el inicio de una nueva etapa para el juego legal en Paraguay, en la que la tecnología, la transparencia y la competencia serán los pilares de un ecosistema más justo, controlado y sostenible.
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