El secretario general de Consumo y Juego confirma que el Gobierno elevará a rango de ley los artículos del Real Decreto del juego anulados por el Supremo
TODO LO HABLADO EN SU COMPARECENCIA

La intervención que ha tenido lugar ayer, día 8 de junio, abordó tanto la protección de los consumidores como las medidas específicas frente a la mala praxis del juego por parte de la población más joven.

Barragán subrayó que el compromiso del Gobierno con un entorno de juego más seguro y responsable se ha traducido en la aprobación de normativa específica. Entre ellas, destacó el Real Decreto que refuerza la protección de los jugadores más vulnerables, obligando a los operadores a establecer entornos digitales más seguros y limitar las prácticas promocionales que puedan inducir al juego problemático.

Una de las medidas más relevantes, explicó, es la exigencia de que los pagos en plataformas de juego online se hagan mediante tarjetas de crédito nominativas, es decir, a nombre del propio jugador. Con ello se pretende cerrar el paso a prácticas como el uso de tarjetas ajenas, que dificultan la supervisión y favorecen la suplantación de identidad o eludir controles de autoprohibición. "Parece una obviedad, pero no estaba en la ley", declaró el secretario general, quien añadió que esta vía era usada para sortear restricciones, incluso por parte de menores o personas con autoexclusión vigente.

Barragán también hizo referencia al fallo del Tribunal Supremo que obligó a modificar parte del contenido del citado Real Decreto, al requerir que ciertos artículos tengan rango de ley. En este sentido, informó de que ya se ha iniciado la tramitación parlamentaria para incorporar esas disposiciones a través de enmiendas legislativas.

Por su parte, la diputada del PSOE, Montse Cubo, elogió las iniciativas impulsadas desde el ministerio y defendió que el Gobierno “no puede permitir que el juego online se convierta en una puerta de entrada al fraude y al robo de identidad”. Cubo insistió en que el objetivo es doble: garantizar la protección de los usuarios y reforzar la seguridad fiscal y personal en el entorno digital.

Desde el Grupo Popular, el diputado José Luis Ayllón reclamó explicaciones sobre cómo el Ejecutivo piensa dar cumplimiento a la sentencia del Supremo sobre la publicidad del juego, y criticó que Barragán no hubiera abordado inicialmente este punto en su primera intervención. En su réplica, el secretario general aclaró que se está trabajando ya en esa adaptación normativa, dentro de un “amplio consenso parlamentario” en torno a la necesidad de frenar la ludopatía juvenil.

Finalmente, el secretario general defendió que las políticas de juego son “un pilar fundamental” dentro del enfoque preventivo y garantista del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Afirmó que se seguirán adoptando medidas para cerrar vías de abuso, incrementar la supervisión de los operadores y proteger especialmente a los sectores más vulnerables, como los menores de edad.