La primera mesa redonda del 12º Congreso ANESAR brindó a los presentes un intenso debate sobre cómo la hiperregulación está afectando la competitividad y la sostenibilidad del sector del juego presencial en España.
Con la moderación de Carlos Tarancón, asesor jurídico de SAREIBA, ha contado con la participación de Carmen Aparicio Pardo, jefa de Área RSE (CEOE); Carlos Duelo Río, director de Relaciones Institucionales y ESG en Grupo CIRSA; e Inma García Alonso, manager de Dirección de Personas en Grupo VID, voces destacadas del mundo empresarial y del juego, quienes profundizaron en los principales retos regulatorios y económicos.
¿Hiperregulación o protección necesaria?
Carlos Tarancón abrió el debate recordando que, desde 2019, el sector ha vivido un ataque continuo basado en mentiras y denunció la “competición entre políticos” por imponer leyes y reglamentos cada vez más duros, los cuales están “basados en criterios meramente populistas”, una situación que se traduce en serias dificultades para la competitividad de la industria.
En respuesta, Carmen Aparicio (CEOE) insistió en que “la sostenibilidad y la competitividad deben ir de la mano”. Recordó que un informe de EY sobre el sector quedó obsoleto en menos de un año por un verdadero ‘tsunami regulatorio’, aunque reconoció que ahora hay ciertos intentos de simplificación.
En esta línea, Carlos Duelo (CIRSA) expresó que “la hiperregulación es siempre mala” y defendió la necesidad de llegar a un punto de equilibrio que permita proteger tanto al consumidor como a la actividad empresarial. “La regulación no puede venir marcada por prejuicios e ideologías; hay que escuchar a todas las partes”, reclamó.
Normas motivadas por populismo y no por datos
Seguidamente, el moderador planteó si el poder ejecutivo fundamenta estas normativas en criterios objetivos o si responden a argumentos populistas. Ante esto, Duelo fue contundente al decir que “el sector dialogaba con las administraciones y se llegaban a consensos. Ahora, las leyes se hacen a golpe de opinión publicada y prejuicios”. Asimismo, aseveró que quien marca las normas en los últimos años no son los datos, sino el sesgo político.
Ante esto, Carmen Aparicio añadió que “las empresas no saben a qué atenerse”, lo que impide planificar a medio o largo plazo y erosiona la competitividad. Por ello, reclamó una armonización normativa a nivel europeo.
Impacto laboral de la hiperregulación
Al abordar las implicaciones laborales, Inma García (Grupo Vid) alertó sobre el impacto de los cambios constantes y sus consecuencias para las empresas. De esta manera, subrayó que medidas como “la reducción de jornada, no tienen en cuenta la realidad empresarial. Todo esto se traduce en costes que pueden aumentar entre un 7 % y un 8 %”.
Considerando esta alarmante posibilidad, Carlos Duelo añadió que el ausentismo laboral, combinado con la rigidez normativa, puede “hacer inviable el negocio”. Además, señaló la dificultad de cubrir horarios y vacantes en un contexto de creciente exigencia administrativa.
¿Inspecciones o redadas?
El debate continuó cuando el moderador preguntó sobre las inspecciones y la representante del grupo VID, Inma García, reveló que en lo que va de año se habían igualado las inspecciones de todo 2024 y especificó que la media está entre 10 y12 inspecciones al mes, con muy pocas sanciones.
Posteriormente, Duelo enfatizó que las inspecciones no deberían asustar al sector, porque la idea cumplir y que se vea, “pero actualmente se parecen más a redadas”.
Desafíos
Sobre el papel clave que tiene la formación, los ponentes coincidieron en que es esencial para afrontar inspecciones y adaptarse a normativas dispares. Sin embargo, criticaron que los cursos deban adaptarse a las 17 comunidades autónomas, generando una carga burocrática innecesaria.
En este sentido, Carmen Aparicio abogó por armonizar procesos para facilitar la innovación y la inversión. Mientras que, Carlos Duelo señaló que la burocracia “ha evolucionado junto a los reglamentos”, pero pidió analizar los procesos para simplificarlos con apoyo tecnológico.
El debate concluyó con un mensaje claro: el marco regulatorio actual, basado en “criterios políticos y prácticas sesgadas”, está dañando la competitividad del sector. Ante lo cual, los ponentes coincidieron en que avanzar hacia una armonización normativa, apoyada en datos objetivos y en un diálogo real con las administraciones es algo urgente.
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