La mesa “Cooperación internacional para la lucha contra la corrupción deportiva” de la V Jornada de Integridad reunió en Madrid a los grandes nodos internacionales que trabajan contra los amaños y el fraude en el deporte. Bajo la moderación de la Policía Nacional, participaron Pablo Salazar (jefe del proyecto de corrupción de Europol), un inspector jefe de la OCN Interpol Madrid especializado en ciberdelincuencia y delitos económicos, Raúl Rodríguez Corces (subdirector general del Gabinete Jurídico del Consejo Superior de Deportes) y Maximiano Michencic (área de Integridad de UEFA).
Pablo Salazar explicó que Europol nació en este ámbito poniendo el foco precisamente en la corrupción en el deporte y que su proyecto de corrupción se ha extendido después a la corrupción pública y privada en general. Detalló cómo las policías nacionales remiten a la agencia europea información operativa (nombres, teléfonos, cuentas bancarias, matrículas o direcciones IP) para que se cruce con sus grandes bases de datos y se detecten “hits” que revelen investigaciones abiertas en otros países. A partir de ahí, Europol organiza reuniones operativas, financia encuentros de investigadores y aporta apoyo analítico y estratégico a las fuerzas de seguridad, tanto en el terreno de la corrupción deportiva como en otros delitos asociados al fraude en las apuestas.
Desde Interpol, el inspector jefe recordó que la organización agrupa a 196 países y funciona a través de oficinas centrales nacionales que canalizan peticiones de información e inteligencia. Subrayó que Interpol dispone de 19 bases de datos, un sistema de mensajería segura I-24/7 y un sistema de notificaciones, entre ellas la notificación morada, específica para nuevos modus operandi. Cualquier país que detecta patrones novedosos de fraude o amaño en el deporte puede comunicarlo para que se analice y se difunda al resto de Estados. También destacó operaciones globales como SOGA, activada en grandes eventos deportivos, y el protocolo I-GRIP para el bloqueo urgente de transferencias bancarias, que permite congelar fondos vinculados a fraudes antes de que se fragmenten en múltiples cuentas.
Por su parte, Raúl Rodríguez Corces describió el papel del Consejo Superior de Deportes en los distintos foros internacionales sobre integridad. Recordó que el CSD participa en la red IPACS, en los grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea sobre gobernanza en el deporte y, de forma muy especial, en el despliegue del Convenio de Macolin, el instrumento vinculante del Consejo de Europa frente a la manipulación de competiciones y apuestas deportivas. España ha ratificado Macolin y el convenio entrará en vigor en febrero de 2025, lo que refuerza el marco común con otros Estados para luchar contra el fraude.
Rodríguez Corces destacó además la importancia de las plataformas nacionales previstas por Macolin. En el caso español, la Plataforma Nacional está encabezada por la Dirección General de Ordenación del Juego junto con CENPIDA y el propio CSD y se coordina también en el seno de la COMFAD. Estas estructuras permiten compartir información jurídica, alertas, buenas prácticas y acciones preventivas, como las campañas a deportistas sobre la prohibición de apostar en competiciones propias y el refuerzo de códigos de buen gobierno en las organizaciones deportivas.
El representante de UEFA, Maximiano Michencic, explicó que el gran punto de inflexión fue el escándalo de amaños de 2009, que llevó a la federación europea a asumir que no podía combatir sola el fenómeno. Desde 2014 UEFA mantiene un memorándum de cooperación con Europol, recién renovado y ampliado a otras formas de corrupción. Michencic detalló que UEFA opera un potente sistema de monitorización de apuestas, recibe alertas de plataformas especializadas y de sus oficiales de integridad, analiza esa información y elabora “paquetes de inteligencia” que remite tanto a federaciones nacionales como a cuerpos policiales.
Como ejemplo, citó operaciones como Conífera y Mursa, en las que la información de UEFA se cruzó con investigaciones penales en España y otros países. El dirigente insistió en que el Convenio de Macolin aporta un lenguaje común (definición de apuesta ilegal, operador regulado o amaño de partido) y facilita que todas las partes “hablen el mismo idioma” jurídico. También animó a las fuerzas y cuerpos de seguridad a utilizar a los oficiales de integridad de UEFA como punto de contacto especializado cuando se investigan manipulaciones con impacto en competiciones europeas.
La mesa concluyó con un mensaje compartido: la corrupción deportiva y el fraude en las apuestas tienen casi siempre dimensión transnacional y no se pueden abordar sin cooperación internacional y sin la implicación activa del sector privado. Europol, Interpol, CSD y UEFA coincidieron en que la información que aportan los operadores de juego regulado (casas de apuestas, juego online, salones de juego, casinos, bingos y locales con máquinas) es esencial para detectar patrones anómalos, activar investigaciones y proteger tanto la integridad de las competiciones como la reputación de la industria del juego y del sector del juego.
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