La V Jornada sobre Amaños y Corrupción en el Deporte, organizada por la Policía Nacional y LaLiga los días 19 y 20 de noviembre en el Complejo Policial de Canillas en Madrid, contó con una ponencia de marcado perfil internacional a cargo de Karen Marcela Sierra-Hughes.
La ejecutiva, vicepresidenta para Latinoamérica, Caribe y España de Gaming Laboratories International GLI, expuso cómo la certificación tecnológica, la gestión del riesgo y la cooperación público privada se han convertido en piezas clave para la lucha contra el fraude deportivo en distintos mercados del mundo.
Sierra-Hughes recordó que GLI cuenta con 29 oficinas a nivel global y que su trabajo va mucho más allá de la certificación de equipos. El modelo internacional que presentó abarca la homologación de plataformas de apuestas deportivas, los sistemas de geolocalización, los medios de pago, los sistemas de inspección, la integración con proveedores y la verificación de que toda la operación cumple con los requisitos regulatorios y técnicos fijados por cada jurisdicción. Todo ello, explicó, con el objetivo de reforzar la integridad de las competiciones y del propio mercado regulado.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la identificación del jugador. Por un lado, los reguladores y gobiernos exigen certificados y estándares mínimos de identidad digital. Por otro, la industria debe ir más allá por iniciativa propia mediante soluciones de conocimiento del cliente KYC, inteligencia artificial, machine learning y biometría. Como retos principales, la ponente señaló la suplantación de identidad, la necesidad de invertir de forma constante en nuevas tecnologías y las vulnerabilidades de seguridad de las bases de datos de jugadores, que pueden ser explotadas por redes criminales si no se blindan adecuadamente.
La certificación y homologación de las plataformas de apuestas, explicó Sierra-Hughes, debe incluir aspectos muy concretos. Entre ellos citó la prohibición de transferencias de fondos entre cuentas de jugadores, el uso de software capaz de detectar patrones y transacciones sospechosas, la localización exacta del jugador y la identificación del equipo o dispositivo desde el que se apuesta. También destacó la importancia de la información que se reporta: fecha y hora de cada apuesta, cantidades, tipo de mercado, resultados, datos agregados por evento deportivo, dispositivos utilizados, grandes ganancias, grandes apuestas y grandes transferencias de fondos en periodos determinados. Todo este volumen de datos, insistió, solo es útil si su calidad e integridad están certificadas.
La ponente dedicó un apartado específico al juego presencial, donde los estándares técnicos también tienen un papel relevante. En este ámbito se exige que las máquinas y terminales registren de forma fiable el dinero apostado y pagado, que se recojan eventos significativos y que se mantenga una comunicación fluida con el regulador mediante reportes periódicos. Sin embargo, advirtió de que en el terreno físico aparecen retos específicos como la apropiación de terminales por redes criminales y la extorsión del crimen organizado, especialmente en determinadas regiones, lo que obliga a extremar la vigilancia y los controles internos.
En relación con los reportes, Sierra-Hughes explicó modelos de derecho comparado. En algunos países, como Panamá, los operadores envían la información directamente al regulador, mientras que en otros, como la provincia de Buenos Aires, este accede de forma remota a sistemas y reportes. En Colombia y en la propia Ciudad de Buenos Aires se han implementado sistemas de inspección que permiten un seguimiento continuo. Recordó que el estándar GLI 33 incluye obligaciones explícitas de gestión de riesgos y establece que los operadores deben identificar y, llegado el caso, rechazar apuestas sospechosas que puedan indicar trampas, manipulación o vulneraciones de la integridad de los eventos.
Uno de los mensajes que despertó más interés fue la referencia al poder judicial. Sierra-Hughes subrayó que la actuación diligente de los operadores puede verse desbaratada si los tribunales no cuentan con formación suficiente en materia de integridad deportiva y funcionamiento de la industria del juego. Se refirió a la necesidad de reforzar la cooperación y la capacitación del poder judicial para evitar que decisiones mal informadas terminen revocando medidas de protección adoptadas por operadores y reguladores.
La representante de GLI repasó también ejemplos de cooperación internacional. Mencionó el caso de Dinamarca, donde se ha creado una plataforma nacional para combatir el amaño de partidos, se trabaja en estrecha colaboración con el sector financiero para seguir las apuestas en el mercado ilegal y se participa activamente en la comunidad del Convenio de Macolin. Este modelo se basa en compartir información sobre actividades sospechosas, en establecer bases legales claras para el intercambio de alertas con autoridades y operadores internacionales y en integrar el trabajo de los organismos de monitoreo de apuestas y datos deportivos con el de ligas, reguladores y fuerzas de seguridad.
En el terreno práctico, Sierra-Hughes citó la colaboración con reguladores como LOTBA en la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Prêmios e Apostas en Brasil y Coljuegos en Colombia. En estos casos se trabaja con entidades como Genius, Sportradar, IBIA, ITIA, SIGA y con el Servicio Central de Control de Juegos y Apuestas de la Policía Nacional de España, lo que permite un enfoque multidisciplinar, interinstitucional e internacional en la lucha contra el amaño y el fraude. También explicó un caso concreto en Dinamarca en el que, gracias al cruce de datos entre organizaciones de integridad, regulador y unidades de inteligencia financiera, se identificó a varios jugadores locales vinculados a apuestas sospechosas y se construyó un caso listo para ser trasladado a la policía.
La lucha contra el juego ilegal fue otro de los grandes bloques de su presentación. Sierra-Hughes describió acuerdos de colaboración entre autoridades y grandes plataformas tecnológicas para limitar la publicidad de juegos de azar ilegales y cerrar cuentas que ofrecen o explotan juego no autorizado. En este contexto mencionó medidas de bloqueo de páginas mediante DNS y proveedores de internet, bloqueos financieros mediante códigos de categoría de comercio, restricciones a medios de pago, así como la labor de fiscalías especializadas como la de la Ciudad de Buenos Aires. Todo ello se complementa con auditorías periódicas, pruebas de penetración, políticas de seguridad de la información y planes de continuidad de negocio.
En la parte final de su intervención, la ejecutiva de GLI enumeró los retos globales que siguen pendientes. Entre ellos, la falta de regulación específica para prevenir el fraude en las apuestas y los amaños de partidos, el hecho de que en muchos países el amaño ni siquiera esté tipificado como delito, la dificultad para probar estos comportamientos incluso donde sí se han incorporado al código penal y la reticencia mutua que todavía existe en algunos casos entre autoridades y operadores a la hora de compartir alarmas. Como ejemplo positivo citó los avances en Brasil, donde se ha establecido la obligatoriedad de contratar servicios de monitoreo de datos, se ha creado un departamento dedicado a prevenir el amaño y se ha constituido una comisión de investigación de amaños en el Congreso.
Con esta ponencia, la V Jornada de Integridad celebrada en Canillas incorporó una perspectiva comparada y técnica que reforzó el mensaje central del encuentro: la lucha contra el fraude deportivo solo puede ser eficaz si se combinan estándares tecnológicos sólidos, certificación independiente, un flujo constante de datos de calidad y una cooperación real entre operadores, reguladores, fuerzas de seguridad y poder judicial a escala nacional e internacional.
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