El Consejo Empresarial del Juego (CeJuego) ha dado un paso inusual en la relación del sector con la Administración y ha solicitado el cese del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y del director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana Etxezarreta. La patronal considera que ambos han hecho un uso “tendencioso” de los datos públicos sobre sanciones al sector, lo que a su juicio daña la imagen del juego privado legal en España.
El desencadenante ha sido la nota de prensa publicada el 25 de noviembre por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, en la que se informaba de sanciones por un total de 33,5 millones de euros a 32 operadores de apuestas y juego online, con 26 operadores sancionados por infracciones graves y seis operadores sin licencia multados por infracciones muy graves y con sus webs bloqueadas.
CeJuego acusa a Consumo de ocultar la multa a SELAE
CeJuego denuncia que la nota oficial omitía “de manera injustificada” la sanción impuesta a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Según la patronal, SELAE recibió una multa de 126.000 euros, que sí estaría incluida en el total económico difundido por la DGOJ pero sin que el operador público apareciera mencionado en el comunicado del Ministerio.
La organización empresarial recuerda además que, de acuerdo con la base de datos de sanciones de la propia DGOJ, SELAE fue multada en cuatro ocasiones en diciembre de 2024 por permitir la participación de personas inscritas en el registro de autoprohibidos a través de su portal web. CeJuego interpreta estas infracciones como consecuencia del “menor control” del que dispondría SELAE al estar sujeta, según sostiene, a regulaciones más laxas que las que se aplican a los operadores privados de juego online y apuestas.
El director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, considera que esta forma de presentar la información “erosiona la imagen del sector legalmente establecido en España y desvirtúa la realidad” y rechaza que se utilicen datos públicos “de manera parcial o tendenciosa” para atacar al operador privado mientras se omiten hechos que afectan al operador público.
El comunicado de Consumo llevaba como encabezado “Consumo sanciona a 26 operadores de juego con más de 3 millones de euros por infracciones graves: Betfair, 888 y Codere, entre los multados”.
Para CeJuego y otras voces del sector, este planteamiento mezcla en la percepción pública el juego legal con el ilegal. La patronal subraya que, de los 33,5 millones anunciados por el Ministerio, unos 30 millones corresponderían a sanciones a seis operadores sin licencia que han sido bloqueados, mientras que las multas a operadores privados regulados se sitúan entre los 17.500 y los 125.000 euros.
En la misma línea, distintos análisis apuntan a que apenas en torno al 10 por ciento del importe total sancionado corresponde al mercado regulado, mientras que el grueso de la cifra se vincula a páginas que operaban sin licencia en España.
En las últimas semanas, compañías como Codere ya habían criticado públicamente la presentación de las sanciones, al entender que se las situaba “en el mismo saco” que operadores ilegales con multas millonarias y webs clausuradas, pese a tratarse en su caso de sanciones administrativas de menor cuantía comunicadas voluntariamente al regulador.
CeJuego va más allá del reproche comunicativo y plantea un problema de fondo. La patronal sostiene que el Gobierno es “juez y parte”, ya que regula y supervisa a los operadores privados que compiten con SELAE en el mercado estatal del juego online y las apuestas, lo que a su juicio configura un conflicto de intereses que dificulta competir “en igualdad de condiciones”.
Por este motivo, la organización ha anunciado la presentación de un escrito ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para denunciar los hechos y solicitar su intervención. El objetivo es que el supervisor analice si la forma de comunicar y gestionar las sanciones altera las condiciones de competencia entre el operador público y los operadores privados que explotan juego online, apuestas, salones de juego, bingos, casinos y redes de máquinas.
En paralelo, CeJuego formula de manera expresa la petición de cese del ministro Pablo Bustinduy y de Mikel Arana como director general de Ordenación del Juego, al considerar que se ha producido un “uso indebido y tendencioso de datos públicos” y un comportamiento reiterado que perjudica la imagen del juego privado legal en España.
Para la industria del juego, que opera bajo licencias estatales y autonómicas en salones de juego, casinos, bingos, máquinas en hostelería y plataformas de juego online, el choque entre CeJuego y Consumo vuelve a situar en primer plano el debate sobre la reputación del sector y la diferenciación entre operadores legales e ilegales.
Las asociaciones del sector insisten desde hace años en que las grandes cifras agregadas de sanciones, sin separar de forma clara el impacto del juego clandestino, alimentan una percepción negativa del juego regulado que no se corresponde con el esfuerzo de cumplimiento normativo, inversión tecnológica y controles de acceso en salones, casinos y webs autorizadas.
El movimiento de CeJuego eleva el tono de la respuesta del sector y añade un nuevo capítulo a la relación entre la Administración y los operadores privados en materia de sanciones, comunicación pública y equilibrio competitivo con el operador público SELAE.
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