El consejero de Educación de la Región de Murcia, Víctor Marín, considera "imprudente" acometer "ahora2 cambios normativos para fijar distancias mínimas entre salones de juego y centros educativos, al entender que introducirlos en este momento podría "generar inseguridad jurídica" mientras se dirime en sede judicial la proporcionalidad de este tipo de restricciones tras el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Marín lo expuso durante una sesión de control en la Asamblea Regional, al responder a una pregunta del diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos, que pidió modificar los reglamentos autonómicos para establecer esas distancias mínimas y recordó que la Asamblea aprobó una moción “prácticamente por unanimidad” en ese sentido.
El parlamentario centró su intervención en la renovación de licencias, defendiendo que las condiciones aplicables (incluida la distancia a centros educativos) deben ser las vigentes en el momento de la renovación y no las existentes cuando se concedió la autorización inicial, citando el artículo 7.2 de la Ley del Juego de la Región de Murcia.
En su réplica, el consejero subrayó que el juego es una actividad “legal” y que corresponde a las comunidades autónomas regular su desarrollo, reivindicando “firmeza” en la protección y, a la vez, “seguridad jurídica” sin “improvisaciones”. En esa línea, enumeró medidas ya vigentes en la región que, desde la óptica del sector, refuerzan un marco previsible y exigente: desde septiembre de 2018 no se admiten nuevas autorizaciones de salones de juego ni de bingo, las bajas de máquinas tipo B son definitivas, las apuestas solo pueden realizarse en locales específicos y, a diferencia de otras comunidades, no existen máquinas de apuestas en bares o cafeterías.
Marín también recordó la prohibición de acceso a menores y a personas autoexcluidas (incluso en zonas de paso), y destacó el despliegue inspector, con más de 1.500 actuaciones este año. En el ámbito preventivo, citó el Plan Regional de Adicciones 2021-2026, que identifica la ludopatía como prioridad y actúa en centros educativos con programas “reconocidos a nivel europeo”. Además, señaló que donde más está creciendo entre jóvenes la ludopatía es en el juego online, un diagnóstico que vuelve a situar el foco regulatorio y de protección en el entorno digital.
Por último, el consejero avanzó que están en tramitación decretos para reforzar el control de accesos, eliminar publicidad en fachadas y mejorar los registros de prohibidos. Sobre el criterio del TJUE, indicó que este reconoce que las restricciones de distancia pueden justificarse por interés público, pero deja pendiente la decisión final sobre su proporcionalidad a lo que determine la Justicia, motivo por el que insistió en que no sería prudente anticipar una reforma normativa en este momento.
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