Kissy Chandiramani defiende ante María Jesús Montero que la reforma es inaplazable y debe contemplar los costes de la extrapeninsularidad y la presión migratoria como factores correctores.
La vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha exigido hoy en Madrid un cambio de rumbo en el diseño de las cuentas públicas territoriales. Durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidido por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, la consejera ceutí ha calificado de "inaplazable" la reforma del actual Modelo de Financiación Autonómica. El mensaje trasladado por el Ejecutivo ceutí ha sido rotundo: el futuro sistema debe incorporar un tratamiento diferenciado para las Ciudades con Estatuto de Autonomía que sea "explícito, específico y verificable", alejándose de soluciones genéricas que no atienden a la realidad de los territorios del norte de África.
En su intervención, Chandiramani se ha alineado con el diagnóstico estatal sobre los fallos del sistema vigente, reconociendo déficits estructurales en términos de suficiencia y equidad. La Ciudad ha mostrado su apoyo a principios rectores como la corresponsabilidad fiscal y la garantía de los servicios públicos fundamentales, pero ha matizado que la equidad no puede medirse solo por población o capacidad tributaria, sino por la capacidad real de prestar servicios equivalentes. En este sentido, la vicepresidenta ha recordado que las singularidades de Ceuta, como su condición de frontera exterior de la Unión Europea o la presión migratoria, no son privilegios, sino condicionantes objetivos que requieren un encaje financiero propio, tal y como ya reconoce la Estrategia de Seguridad Nacional.
Para que el nuevo modelo sea justo con la realidad ceutí, el Gobierno autonómico considera imprescindible que se cumplan varias premisas fundamentales. En primer lugar, solicitan el reconocimiento de las Ciudades Autónomas como una categoría diferenciada dentro del sistema, lo que implicaría la inclusión de factores correctores específicos en el cálculo de la población ajustada. Además, Chandiramani ha reclamado mecanismos de financiación propios para áreas críticas como educación, vivienda, servicios sociales y la atención a menores migrantes no acompañados, así como un encaje coherente y actualizado del Régimen Económico y Fiscal (REF) que contemple los altos costes fijos derivados de la extrapeninsularidad y las limitaciones de escala.
Por su parte, la vicepresidenta María Jesús Montero ha respondido a las demandas territoriales comprometiéndose a abrir un "diálogo amplio" con todas las autonomías. Montero ha asegurado específicamente que se reconocerán las especificidades de los territorios no peninsulares en el diseño final del sistema, garantizando que singularidades como las expuestas por la consejera ceutí sean tenidas en cuenta para lograr un modelo territorial más justo y equilibrado.
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