Tras el fallo de la Corte Suprema que revocó las cautelares vigentes desde 2019, el Gobierno porteño descarta la estatización y avanza hacia un concurso público. La tensión operativa crece por el despido de 300 afiliados del sindicato marítimo.
Los dos barcos que conforman el icónico Casino Flotante de Puerto Madero navegan aguas turbulentas. A la precariedad legal de su concesión —vencida formalmente en 2019 y sostenida mediante amparos— se suma ahora un conflicto gremial de alto voltaje y la decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poner fin al "limbo judicial" mediante una nueva licitación.
Según fuentes cercanas a los reguladores del juego consultadas por Noticias Argentinas, la administración porteña ha desestimado la idea de estatizar las salas (al estilo de la provincia de Buenos Aires) y se inclina por un proceso licitatorio controlado por el Estado. Esta decisión se precipita tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo de 2025, que revocó las medidas cautelares que permitían la operación de las salas, calificando de "insostenible y arbitraria" la prórroga del contrato original.
La medida judicial deja en jaque a los actuales operadores, una UTE (Unión Transitoria de Empresas) compuesta por figuras de peso en la industria global y local. Por un lado, el español Manuel Lao Hernández (81 años), fundador de Cirsa, quien mantiene el 50% del paquete accionario tras haber excluido explícitamente las operaciones de Buenos Aires de la venta de su compañía al fondo Blackstone en 2018.
Por otro lado, la pata local la conforman empresarios vinculados a HAPSA (Hipódromo de Palermo) y el influyente Ricardo Benedicto, titular de Inverclub y referente de Casino Club. Pese a las reuniones mantenidas con funcionarios porteños, el sector privado asume que los barcos deberán ser licitados nuevamente en un contexto de "ajuste fiscal", donde el tesoro de la Ciudad busca maximizar los ingresos de una actividad que, aunque ha perdido el glamour y la afluencia de antaño, sigue siendo una caja recaudadora clave.
Mientras se define el futuro administrativo, la operatividad diaria de los barcos está amenazada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). El gremio, liderado por Raúl Durdos —cuyo mandato está prorrogado por la justicia y vence en un mes—, ha iniciado un plan de lucha tras el despido de más de 300 afiliados.
La tensión ha escalado rápidamente. Recientemente, el sindicato logró paralizar la actividad en el tercer y cuarto piso de los buques, áreas exclusivas donde se realizan las apuestas de altas sumas en dólares, y cortó el servicio de barra. Con una fuerte oposición interna intentando desplazar a la actual conducción, Durdos ha amenazado con convocar un paro por tiempo indeterminado, lo que podría detener totalmente la actividad de los barcos en vísperas de la nueva licitación.
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