El documento que sustenta el nuevo decreto concluye que la prevalencia del juego y de la ludopatía desciende en la Comunitat Valenciana, pero propone seguir limitando la expansión del juego presencial por la elevada exposición existente en varios subsectores y por su densidad superior a la media nacional.
La Generalitat ha publicado ya el “Estudio de impacto social y sobre la salud pública de las instalaciones de juego existentes en la Comunitat Valenciana”, el informe llamado a servir de base a la nueva planificación del sector. El trabajo parte del mandato de la Ley 1/2020 y analiza máquinas B en hostelería, salones de juego, bingos y locales específicos de apuestas, con el objetivo de decidir qué límites deben mantenerse en el territorio valenciano.
Uno de los puntos más llamativos del estudio es que reconoce una evolución epidemiológica favorable. Entre la población escolar, el juego presencial en los últimos 12 meses baja del 13,1% en 2019 al 9,0% en 2023, mientras que el juego problemático desciende al 4,1%, prácticamente en línea con la media nacional. En población general, la encuesta EDADES 2024 sitúa el juego problemático en la Comunitat Valenciana en el 1,9%, su nivel más bajo desde que se mide en esta serie. Además, el informe sanitario incorporado al documento señala que en 2024 descendió un 12,61% el número de personas que iniciaron tratamiento por juego patológico en las Unidades de Conductas Adictivas del sistema público valenciano.
El propio estudio, sin embargo, subraya que esa mejoría no puede atribuirse de forma causal a las medidas normativas. El documento vincula la evolución positiva al trabajo de las Unidades de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas y de las organizaciones no gubernamentales financiadas por Sanidad, y destaca que en 2024 el presupuesto destinado a este fin aumentó un 20,35%, hasta 3.844.260 euros. Aun así, el Consell sostiene que la disponibilidad y la oferta de juego siguen siendo un factor de riesgo que debe tenerse en cuenta en la planificación.
En máquinas B en hostelería, el informe considera que siguen siendo los elementos de juego con mayor exposición y accesibilidad porque son los únicos que no están en locales con control de admisión. Su número ha bajado de 23.555 en 2011 a 18.055 a cierre de 2025, y el estudio propone mantener la suspensión de nuevas autorizaciones, permitiendo solo sustituciones con destrucción de la máquina anterior. También plantea impedir que en bares y similares se instalen máquinas procedentes de casinos, bingos, salones o barcos autorizados.
En salones de juego, el documento pone el foco en la fuerte expansión vivida en la última década. La Comunitat Valenciana pasó de 285 salones en 2015 a 512 en 2025, un aumento del 80%. Además, la ratio valenciana en 2023 se situó en 9,63 salones por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional de 7,66. Por eso, el estudio propone que las nuevas autorizaciones solo puedan concederse cuando deriven del traslado de otro salón que no cumpla el régimen de distancias de la Ley 1/2020.
En bingo, la conclusión va en la misma línea. El trabajo señala que la Comunitat Valenciana ha mantenido históricamente una de las mayores concentraciones de España, con 65 salas y una ratio de 1,22 por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la media nacional de 0,68. En consecuencia, propone que solo se autoricen nuevas salas cuando sean consecuencia del traslado de otra ya existente y respeten las distancias legales.
El caso de los locales específicos de apuestas es distinto. El estudio recuerda que en la Comunitat Valenciana solo se permite en ellos la formalización de apuestas, sin máquinas B, y que actualmente solo quedan dos locales activos, uno en Alicante y otro en Valencia, después de haber alcanzado un máximo de 37 en 2019. Aun así, la propuesta es que estos establecimientos sigan el mismo criterio que los salones, de modo que nuevas autorizaciones solo puedan surgir como traslado de otro local del mismo tipo afectado por el régimen de distancias.
Como marco general, el estudio recomienda que la Conselleria competente en juego elabore un nuevo estudio como máximo cada cinco años para revisar, modificar o dejar sin efecto estas medidas en función de los resultados. En otras palabras, el documento que acompaña al proyecto normativo deja una idea clara para la industria del juego: aunque los indicadores de prevalencia mejoran, la Generalitat considera que el mapa actual sigue mostrando un nivel de exposición suficientemente alto como para mantener una planificación restrictiva del juego presencial en la Comunitat Valenciana.
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