La presidenta de CEPYME, habitual en la apertura de las últimas ediciones del Congreso de ANESAR, advierte de que el aumento de costes, la presión fiscal y la sobrecarga regulatoria amenazan la supervivencia de pequeñas y medianas empresas.
La presidenta de CEPYYME, Ángela de Miguel, ha firmado en Expansión un artículo de opinión titulado “El riesgo de asfixiar a las pymes”, en el que lanza una advertencia directa sobre la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en España.
Su reflexión resulta especialmente relevante para el sector del juego presencial, donde buena parte del tejido empresarial está integrado por pymes, empresas familiares, operadores de salones, hostelería con máquinas, distribuidores, servicios técnicos y compañías auxiliares que conviven con una creciente presión regulatoria, fiscal y laboral.
Ángela de Miguel, que ha participado en la inauguración de las últimas ediciones del Congreso de ANESAR, pone el foco en una realidad que el recreativo conoce bien: las pymes sostienen empleo, vertebran territorio y mantienen actividad económica local, pero cada vez trabajan bajo más exigencias y con márgenes más ajustados.
En su artículo, la presidenta de CEPYME afirma que el problema no responde a una medida concreta, sino a un diagnóstico acumulativo: aumento de costes, sobrecarga regulatoria, rigidez laboral y una presión fiscal creciente. El resultado, señala, es una sensación extendida entre los pequeños empresarios: “trabajar más para ganar menos margen y asumir más riesgo”.
Una advertencia que conecta con el juego presencial
Para los profesionales del sector, el mensaje tiene una lectura clara. El juego presencial no opera desde grandes estructuras corporativas homogéneas, sino desde una red de empresas que deben asumir controles, requisitos administrativos, inspecciones, costes laborales, fiscalidad autonómica, inversión tecnológica y adaptación normativa permanente.
En este contexto, la advertencia de Ángela de Miguel sobre la asfixia de las pymes conecta directamente con el debate sectorial sobre proporcionalidad regulatoria y viabilidad empresarial.
La presidenta de CEPYME recuerda que España mantiene una elevada fiscalidad sobre el trabajo, lo que encarece la contratación y penaliza la creación de empleo. También subraya que cada nueva obligación administrativa puede ser gestionable para una gran corporación con departamentos especializados, pero supone una carga desproporcionada para una pyme.
Costes laborales, burocracia y pérdida de dinamismo
De Miguel advierte además del impacto que pueden tener medidas como la reducción de jornada o el incremento sostenido de los costes laborales cuando se aplican sin tener en cuenta el tamaño real de las empresas.
Según expone, España cuenta hoy con 25.000 microempresas menos que antes de la pandemia, un dato que vincula a la desaparición de comercios, la dificultad para encontrar relevo generacional, el freno a la inversión y la renuncia al crecimiento.
La presidenta de CEPYME insiste en que las pymes no ocupan un papel secundario, sino que son una parte esencial de la economía española. Por ello, reclama reducir cargas administrativas, revisar la fiscalidad del empleo y adaptar la regulación laboral a la realidad de las pequeñas empresas.
El artículo de Ángela de Miguel llega en un momento especialmente sensible para el juego privado presencial, que viene reclamando seguridad jurídica, proporcionalidad normativa y reconocimiento de su aportación económica, laboral y territorial.
Su diagnóstico refuerza una idea central para el sector: proteger a las pymes no es una concesión, sino una decisión estratégica para mantener empleo, actividad, inversión y tejido empresarial.
Como concluye la presidenta de CEPYME, ya no se trata solo de discutir si hay que proteger a las pymes, sino de asumir que debilitarlas tiene un coste para toda la sociedad.
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