El Gobierno de España ha notificado a la Comisión Europea el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, una norma que impone obligaciones concretas a las empresas y que tendrá un impacto directo sobre sus estrategias de responsabilidad social corporativa, su comunicación comercial y su modelo de relación con el cliente.
La norma transpone las Directivas europeas 2024/825 y 2024/1799 e impone obligaciones concretas a las empresas en tres ámbitos.
En materia de reparación, los fabricantes deberán garantizar servicio técnico y repuestos durante un mínimo de diez años desde que el producto deje de fabricarse. Quedan obligados a reparar los bienes para los que la normativa europea establezca requisitos de reparabilidad, salvo que la reparación fuera imposible, y no podrán negarse alegando que el bien ha sido previamente reparado por otro reparador.
Además, deberán cofinanciar las reparaciones de los consumidores una vez vencida la garantía legal: un 20% los dos primeros años, un 10% el tercero y un 5% el cuarto, sin que esta obligación pueda extenderse más allá de cuatro años desde el vencimiento de la garantía. Si el coste de reparación supera el 50% del precio de venta del bien, ese importe será el que se tome como referencia para calcular la contribución.
En transparencia de precios, las empresas que utilicen sistemas de precios dinámicos estarán obligadas a informar al consumidor del precio mínimo, el máximo y su evolución completa desde el inicio de la comercialización hasta la fecha de entrega o prestación. Su omisión se considerará práctica desleal. En situaciones de emergencia, accidente o fuerza mayor, la ley prohíbe incrementos de precio por encima del máximo ofertado en los treinta días previos a la situación sobrevenida, salvo que obedezcan a un aumento acreditable de costes.
En comunicación comercial, la ley cierra la puerta al greenwashing con dos medidas de alcance. Por un lado, ninguna empresa podrá incluir en su denominación social términos o expresiones de carácter medioambiental, ecológico o sostenible si no están respaldados por certificaciones reconocidas internacionalmente, como ISO 14021, ISO 14024 o EPEAT. Por otro, se introducen limitaciones a la publicidad de productos y servicios que funcionen exclusivamente con combustibles fósiles, incluyendo los servicios de transporte propulsados por los mismos, en coherencia con los compromisos de transición energética asumidos por la Unión Europea. La norma modifica expresamente la Ley de Competencia Desleal para que cualquier incumplimiento en materia de comunicación sostenible quede tipificado como práctica desleal, con las consecuencias legales y reputacionales que ello conlleva para las empresas afectadas.
La ley crea además una sección nacional dentro de la plataforma europea en línea sobre reparaciones, gestionada por el Ministerio competente en materia de consumo, donde los consumidores podrán localizar reparadores, vendedores de bienes reacondicionados y compradores de bienes defectuosos para su reacondicionamiento.
Las primeras disposiciones entrarán en vigor el 31 de julio de 2026, con el resto aplicable a partir del 27 de septiembre.
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