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Elecciones generales el 29 de noviembre: la disolución de las Cortes deja en el aire la reforma de la Ley del Juego
La convocatoria de elecciones generales irrumpe en plena preparación de la reforma de la Ley del Juego, después de meses de consulta pública y reuniones de la DGOJ con asociaciones, operadores y otras entidades.
Para el sector del juego, la convocatoria tiene una consecuencia inmediata. Según el Reglamento del Congreso, al disolverse la Cámara caducan todos los asuntos pendientes de examen y resolución, salvo aquellos de los que deba conocer la Diputación Permanente. Las iniciativas que el Gobierno no haya llevado todavía a las Cortes siguen otro camino.
La reforma de la Ley 13/2011, en fase de consulta previa
La gran reforma pendiente del sector es la modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), abrió el 18 de mayo de 2026 la consulta pública previa para reformarla. Las aportaciones se recogieron hasta el 22 de junio.
Según el texto de la consulta, la reforma pretende «reforzar los controles, mejorar la prevención y actuar con más herramientas frente al juego ilegal». Entre otras cuestiones, plantea:
Con la información pública disponible, la reforma no ha pasado del trámite de consulta previa. Al no haber llegado a las Cortes, no caduca con la disolución. Sin embargo, su tramitación parlamentaria solo podría empezar en la próxima legislatura, y quedará en manos del Gobierno que salga de las urnas.
No es la primera vez que la reforma se queda por el camino. A finales de 2025, el Gobierno intentó introducir cambios en la Ley del Juego a través de la Ley de Atención a la Clientela, pero el Senado los eliminó y el Congreso aprobó finalmente la norma sin ellos. En julio, FEMARA ya veía improbable que la reforma se aprobara en esta legislatura.
Las cajas botín, en una ley que decae
La disolución sí afecta directamente al Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. El Congreso lo tramitaba desde septiembre de 2025 y entre sus medidas incluye la prohibición del acceso de los menores a las cajas botín (loot boxes). A finales de septiembre seguía en fase de ponencia en la Comisión de Justicia. Al no haber completado su paso por el Congreso, caduca con la disolución y tendría que volver a presentarse en la próxima legislatura.
Los proyectos reglamentarios de la DGOJ dependen del Gobierno
La situación es distinta para la normativa reglamentaria, que no pasa por las Cortes. El Gobierno no estará en funciones hasta después de las elecciones del 29 de noviembre. Hasta entonces conserva plenas facultades para aprobar reales decretos y órdenes ministeriales. Una vez en funciones, la Ley 50/1997 del Gobierno limita su actuación al despacho ordinario de los asuntos públicos y le impide presentar proyectos de ley.
Entre los proyectos normativos estatales que estaban en tramitación en el segundo trimestre del año figuran:
Los límites de depósito siguen su calendario
Lo que ya está aprobado no se ve afectado. El Real Decreto 520/2026, de 24 de junio, que crea el sistema de límites de depósito conjuntos por jugador en el juego online, se publicó en el BOE el 25 de junio. Fija por defecto 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros cada cuatro semanas. Su aplicación está prevista para el 25 de marzo de 2027, y la DGOJ debe facilitar antes a los operadores una versión de prueba de la herramienta de control.
A partir de ahora, el calendario regulador del juego online en España dependerá en buena medida del resultado del 29 de noviembre. También de la composición de las nuevas Cortes y de las prioridades del próximo Ministerio de Consumo.
