Brasil cierra la puerta a las apuestas por vía judicial: el Supremo paraliza los recursos que permitían reabrir plataformas
El magistrado Luiz Fux ha ordenado suspender los procedimientos judiciales contra la prohibición de las apuestas en Brasil, después de que varias empresas consiguieran autorizaciones provisionales para recuperar su actividad.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha dado un nuevo paso en el conflicto judicial por la prohibición de las apuestas de cuota fija. El magistrado Luiz Fux, encargado de los recursos contra la medida del Gobierno de Lula, ha ordenado suspender todos los procedimientos de las instancias inferiores que cuestionan su constitucionalidad.
La resolución, firmada el 8 de noviembre, responde a una petición del fiscal general, Paulo Gonet, presentada el 6 de noviembre ante la proliferación de decisiones judiciales que estaban permitiendo a determinadas plataformas volver a operar.
Entre las empresas que habían acudido a los tribunales figura Stake Brazil, que obtuvo una autorización temporal en octubre. Más recientemente, el 3 de noviembre, una resolución del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región permitió reanudar provisionalmente las operaciones de Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online, pertenecientes al grupo CDA Gaming. Esta última autorización fue posteriormente revocada a petición de la Abogacía General de la Unión.
Fux considera que la coexistencia de resoluciones contradictorias genera inseguridad jurídica y advierte del riesgo de permitir nuevamente una actividad que califica de perjudicial y de elevado riesgo social.
La prohibición continúa vigente, pero el Supremo todavía no ha decidido si es constitucional. La resolución de Fux es cautelar, ha sido adoptada individualmente y deberá someterse al Pleno.
El magistrado ya había manifestado durante la audiencia pública del 3 de noviembre su posición favorable a la prohibición de las apuestas. En aquella sesión participaron representantes del Gobierno, clubes de fútbol y asociaciones empresariales que expusieron las consecuencias económicas y sociales de la medida.
Mientras tanto, la Medida Provisional 1.394/2026, aprobada el 25 de septiembre, ha entrado este 9 de noviembre en régimen de urgencia parlamentaria. El Congreso tiene fijado el 23 de noviembre como fecha límite del actual periodo de deliberación.
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