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CEIM rechaza la decisión del Consejo de Ministros de prohibir acometer despidos temporalmente (VÍDEO)

 

   El presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva


Los empresarios y autónomos de Madrid rechazan de forma categórica la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de hoy consistente en prohibir de manera unilateral acometer despidos temporalmente por la situación extraordinaria en la que ha derivado la crisis del coronavirus.
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A juicio de CEIM esta medida autoritaria y que atenta con la libertad de empresa recogida en nuestra Constitución, va a provocar una multiplicación del desempleo debido a la desaparición de miles de empresas que no podrán aguantar la situación de crisis actual y terminarán en la quiebra técnica. Frente a la opción de que las empresas puedan adaptarse a la tremenda crisis actual y salvar empleos, el Gobierno opta de esta manera por condenar al cierre definitivo a muchísimas empresas y automáticamente envía a todos sus trabajadores al paro.

Al mismo tiempo, esta situación de desaparición de numerosas empresas va a generar una situación de falta de recursos económicos al Estado para ejercer su labor fundamental de auxilio a los colectivos más desfavorecidos. En opinión de CEIM esta disparatada decisión condena a España a mayores índices de pobreza y lanza al exterior un mensaje de que somos un país sin seguridad jurídica, por lo tanto aleja decisiones de inversión, las cuales generan riqueza y empleo para todos. El intervencionismo en el mercado de trabajo es una garantía de freno en las contrataciones y un motor de generación de desempleo, especialmente en los colectivos más desfavorecidos, que son los que estamos especialmente obligados a ayudar como sociedad de progreso.

CEIM recuerda que en una economía de mercado, el Estado tiene la obligación de asegurar un marco jurídico que permita la libre competencia y la iniciativa de las empresas. Esto incluye la protección de los derechos de propiedad y, por lo tanto, de tomas de decisiones dentro de un marco jurídico conocido. El Gobierno debe controlar que todos los ciudadanos respetan la ley, pero en ningún caso influir o interferir en sus actividades.

Por todo ello, CEIM exige al Gobierno de España la inmediata retirada de esta decisión en beneficio de España.

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