El sector del bingo ha anunciado que a través de las patronales CEJ y FEJBA, se ha organizado para reclamar de manera colectiva una indemnización a los Gobiernos central y de las Comunidades Autónomas.
En este sentido, a través de un comunicado oficial confirman que la decisión está tomada y se ampara en el artículo 116 de la Constitución, en relación con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de Alarma, Excepción y Sitio que, en su artículo tercero, apartado dos, dice lo siguiente:
“Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones deseables durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa o en su personal, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.
Los representantes del bingo afirman que con las grandes pérdidas contabilizadas en 2020 y numerosas salas al borde del cierre, el pesimismo se ha instalado en este sector. A este escenario se suma el hecho de no ser escuchados por parte de la administración, a cuyos dirigentes han alertado sobre el inminente fin de la actividad que más contribuye a las arcas públicas.
En cuanto a las razones de fondo para iniciar el reclamo, el sector especifica que se solicita una indemnización sobre el daño y lucro cesante sufrido en las salas de juego por los cierres decretados tanto por la Administración Estatal como Autonómicas, con sustento en razones sanitarias, no siempre justificadas, y por la previsión normativa de la necesidad de indemnización, que se deriva de la declaración del propio Estado de Alarma.
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