La consejera de Hacienda del Ejecutivo de Ceuta, Kissy Chandiramani, sometió este martes a la consideración de Comisión Informativa la modificación del Reglamento de Apuestas de la Ciudad para implantar controles de acceso y el Registro de Interdicciones.
La modificación del Reglamento recogerá el número máximo de autorizaciones de funcionamiento de locales de esa naturaleza será “el que resulte de aplicar la ratio de un salón de juego por cada 16.000 habitantes”, pero que en cualquier caso los que pudieran ponerse en marcha “habrán de estar a una distancia a pie o poligonal superior a 100 metros respecto de otro local específico de apuestas o salón de juego, guardería, centro de Educación Infantil o de enseñanza no universitaria a excepción de los de personas adultas”.
Además, la instalación de terminales de apuestas “sólo podrá autorizarse en los locales específicos, casinos, bingos o salones de juego de tipo B”.
El texto también estipula que los salones “deberán disponer de un servicio de control de admisión a la entrada para identificar a los usuarios que accedan y registrarlos con la presentación de DNI, NIE o pasaporte”.
Los salones de juego y locales de apuestas que no cumplan cuando les toque renovar su autorización de funcionamiento con la nueva distancia mínima con respecto a guarderías y centros educativos pero sí con el resto de requisitos establecidos dispondrán de un plazo de diez años desde la entrada en vigor de la modificación del Reglamento para seguir operando. En el caso de las máquinas de apuestas instaladas en locales de hostelería, las empresas autorizadas “podrán continuar explotándolas” en sus locales, según recogen las Disposiciones Transitorias incluidas en la propuesta de cambio de la normativa local.
La Asociación Empresarial de Salones de Juego y la Asociación Española Club de Convergentes han pedido modificar la propuesta de modificación del Reglamento de Apuestas de la Ciudad en lo tocante a las distancias mínimas con respecto a centros educativos que se exigirá a los locales de juego.
La primera, ASEJUCE, se pronunció “en contra” de la “intensidad” de la medida propuesta por el Ejecutivo local “en base a su carácter discriminatorio y su falta de proporcionalidad, necesidad y efectividad”. La Plataforma para el Juego Sostenible, por su parte, centró su alegación en “la proyectada eficacia de esa medida en relación con las autorizaciones ahora vigentes”.
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