Hemos preguntado al respecto a ANESAR, y su Secretario General, Juan Lacarra nos traslada la postura de la Asociación Española de Salones en este detallado análisis:
En primer lugar, llama la atención que siendo una norma autodenominada para el Impulso de la Actividad Económica, en lo que se refiere a materia de juego sean casi todo restricciones, limitaciones e incremento del régimen sancionador, como si el juego no fuera una actividad económica y esto, lógicamente, no lo podemos saludar. Hace tiempo que venimos diciendo que a la vez que se demuestra que no existe, por ejemplo, una problemática de acceso a los locales de juego, se establecen normas más restrictivas, lo cual no parece muy justo en términos de coherencia.
Asuntos como la publicidad o las promociones lo podemos entender en términos de visibilidad, pero siendo un sector económico importante, hay que medir las prohibiciones, puesto que las mismas podrían generar desequilibrios y asimetrías entre los distintos actores del juego privado y por supuesto también con los del juego público, que lógicamente seguirá haciendo publicidad e incrementando sus ingresos, mientras que el juego privado seguirá a la baja, tal y como reflejan los datos que manejamos. Por desgracia, somos conscientes de que se trata de una incoherencia que no puede solucionar la Comunidad de Madrid por tema competencial.
Por otra parte, debemos analizar con detenimiento la actualización de los tipos sancionadores y otras cuestiones. Entendemos que la vía sancionadora es importante tanto para empresas como para aquellos ciudadanos que no cumplen con las normas, pero no sólo debemos atender a esta vía, sino a todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social corporativa y el juego responsable que están recogidas también en la ley y que, por supuesto, nos parecen positivas.
Lógicamente también hay otras cuestiones, incluso por omisión, que son positivas y coherentes: el hecho de que parece que la Comunidad de Madrid está dispuesta a defender sus competencias frente a las presiones de otros actores de juego semipúblico que pretenden instalar sus terminales en todos los establecimientos públicos. Es cierto que regular en contrario sería echar por tierra toda la normativa autonómica y poner en peligro los ingresos y puestos de trabajo que genera el sector que precisamente es competencia autonómica. Asimismo, y por fin, llega el reconocimiento a no exigencia de las tasas de las máquinas que estuvieron apagadas durante el periodo de pandemia. Es un tema de pura justicia tributaria, pero bienvenido sea, por supuesto.
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