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ENTREVISTA EXCLUSIVA
Recreativos Portas planta cara a la Xunta ante el TSXG: "Defendemos derechos adquiridos y la seguridad jurídica del sector"

 
Recreativos Portas lleva a la Xunta al TSXG por la anulación retroactiva de licencias de juego
Serafín Portas, director de Recreativos Portas, explica en esta entrevista las razones que han llevado a la compañía a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Xunta de Galicia por la decisión de extinguir de oficio sus licencias de instalación de máquinas recreativas. La empresa considera que la medida vulnera principios constitucionales como la seguridad jurídica y la confianza legítima, al aplicar retroactivamente una norma restrictiva aprobada con posterioridad a la concesión de las autorizaciones. Portas advierte, además, de que una sentencia desfavorable tendría un impacto “muy severo” para el sector en Galicia y generaría un clima de “inseguridad jurídica total” que podría disuadir futuras inversiones.
INFOPLAY/ COMUNICADO |
1. La publicación del edicto del TSXG confirma que Recreativos Portas ha llevado a la Xunta a los tribunales. ¿Cuál es la razón fundamental que ha llevado a su compañía a emprender esta acción?

La razón fundamental es que consideramos que la resolución de la Xunta de Galicia que extingue de oficio nuestras autorizaciones de instalación de máquinas de juego es contraria a Derecho. Según se expone en nuestro recurso de alzada, esta decisión vulnera principios constitucionales básicos como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la irretroactividad de normas desfavorables.
En resumen, nuestras autorizaciones fueron concedidas legalmente bajo una normativa que les otorgaba una duración indefinida. Ahora, la Administración pretende extinguirlas aplicando retroactivamente una nueva causa que no existía cuando se nos concedieron, lo cual consideramos una "expropiación de derechos adquiridos" que nos causa un grave perjuicio económico y atenta contra la estabilidad necesaria para operar.


2. El proceso se inició tras la resolución de la Xunta del 12 de febrero, que buscaba extinguir las autorizaciones. ¿Consideran que la Xunta ha actuado sin tener la base legal o el procedimiento adecuado?

Sí, exactamente. Sostenemos que la Xunta ha utilizado una base legal de forma inadecuada. La Administración fundamenta su decisión en la Disposición Transitoria Séptima de la nueva Ley 3/2023, Reguladora de los Juegos de Galicia. Sin embargo, como argumentamos en nuestro recurso, aplicar esta disposición a autorizaciones concedidas bajo la ley anterior (Ley 14/1985) es una aplicación retroactiva de una norma restrictiva de derechos, algo que prohíbe el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Por lo tanto, consideramos que el procedimiento es nulo de origen, ya que se basa en una interpretación legal que, a nuestro juicio, es inconstitucional y lesiva para nuestros derechos legítimamente adquiridos.


3. Ustedes agotaron la vía administrativa y sus alegaciones fueron desestimadas por "silencio administrativo". ¿Cómo valora la falta de respuesta de la Administración ante un tema que afecta directamente a la viabilidad económica de su empresa?

Valoramos la falta de una resolución expresa como una muestra más la falta de coherencia con la que, en nuestra opinión, ha actuado la Administración en este procedimiento.



4. Ustedes han asumido el liderazgo de este litigio. ¿Qué coste económico y de gestión representa este proceso para su empresa y por qué consideran que es una batalla

Un proceso judicial, siempre supone un coste económico y de medios relevante. No obstante en el presente caso, nuestro recurso, como el de otras empresas gallegas, está dirigido por el despacho Santiago Moreno Abogados, con el que, dado el conocimiento que tienen del asunto, se fijaron unas condiciones satisfactorias para ambas partes. Consideramos que es una “batalla”, que procede librarse, y no solo por un motivo económico, sino también para la defensa de nuestros legítimos intereses, ante una actuación que como decimos consideramos, contraria a nuestro ordenamiento jurídico.



5. Si la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia finalmente fuera favorable a la Xunta y se confirmara la anulación de las licencias, ¿cuál sería el impacto económico directo e indirecto para Recreativos Portas y para el sector gallego en general?


Si la sentencia fuera desfavorable, el impacto sería muy severo. Significaría la pérdida definitiva de las autorizaciones, aquí cuestionadas, lo que supondría un perjuicio claro.

En cuanto al impacto indirecto para el sector gallego, sería grave. Se crearía un clima de inseguridad jurídica total. Una sentencia favorable a la Administración validaría la posibilidad de extinguir derechos adquiridos mediante cambios normativos retroactivos, lo que desincentivaría futuras inversiones y pondría en riesgo la estabilidad del sector del juego en Galicia.



6. Por el contrario, si el TSXG falla a favor de Recreativos Portas, ¿qué precedente creen que se sentaría no solo en Galicia, sino a nivel nacional, en cuanto a la seguridad jurídica de las licencias de juego?


Un fallo a nuestro favor sentaría un precedente de enorme importancia para la protección de la seguridad jurídica y la confianza legítima. Confirmaría que los derechos y autorizaciones otorgados por una Administración Pública no pueden ser revocados o extinguidos de manera indiscriminada aplicando retroactivamente normas restrictivas de derechos indiscriminada.

Este precedente reforzaría la idea de que las empresas pueden confiar en la estabilidad del marco regulatorio bajo el cual operan y realizan sus inversiones. A nivel nacional, sería un respaldo clave para cualquier sector regulado, recordando a todas las administraciones que deben actuar con sujeción plena a la ley y al Derecho, respetando los derechos consolidados de los administrados.



7. Este pleito surge en un contexto de creciente presión regulatoria. ¿Cree que la Xunta está utilizando estos procedimientos de anulación como una vía para reducir la oferta de juego sin tener que recurrir a cambios legislativos complejos?

Desde nuestra perspectiva, sí parece una vía para reducir la oferta de juego de una manera que consideramos legalmente improcedente, ya que lesiona derechos individuales consolidados bajo la normativa anterior.



8. Más allá del tema legal, ¿cuáles son los principales desafíos de mercado que enfrentan actualmente los operadores de máquinas recreativas en Galicia?

Que la administración de el mismo trato al sector privado que al sector público incluido la ONCE; aportamos mucho dinero a las arcas públicas, generamos miles de puestos de trabajo, lo que implica que generamos riqueza y lo más importante que dejen de hacer ruido interpretando maliciosamente los datos que ellos mismos publican y que dan la razón al sector.

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