La Asociación Empresarial de Máquinas Recreativas de Hostelería (Azemar Aragón), en alianza con otras 45 empresas del sector, ha escalado la batalla legal contra el Gobierno de Aragón (DGA) por la devolución de la Tasa Fiscal del Juego. La reclamación, estimada en cerca de 4 millones de euros , corresponde a los impuestos pagados por unas 3.700 máquinas tragaperras que estuvieron inactivas durante los cierres y restricciones sanitarias de 2020 y 2021.
El núcleo del conflicto, liderado por el despacho Lois Novel Abogados, se basa en la necesidad de adecuar la tributación a los periodos de inactividad total.
Las 45 empresas afectadas, que representan el 71% del parque de máquinas en servicio en Aragón , pagaron la tasa anual de 3.290 euros (máquinas tipo B) o 5.134 euros (máquinas tipo C), a pesar de que la actividad fue suspendida por decreto.
La DGA aprobó compensar el importe solo hasta junio de 2020, pero la patronal exige la devolución de la tasa correspondiente a todo el periodo de inactividad forzosa. Esta disputa ha pasado por dos instancias con fallos contradictorios:
- Tribunal Económico-Administrativo de Aragón (TEAR): Inicialmente, dio la razón a los empresarios, declarando la "inexigibilidad del tributo" durante los días de cierre completo , ya que la autorización para la explotación de la máquina estuvo suspendida.
- Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA): En una sentencia posterior, dio la razón a la DGA. El TSJA argumentó que el hecho imponible de la tasa no recae en la explotación efectiva de la máquina, sino en la titularidad de la autorización que permite su uso.
El Gobierno de Aragón defiende su actuación al recordar que, con la Ley autonómica aprobada en julio de 2020, ya se bonificó el tributo en una cuantía que supuso dejar de ingresar 6,3 millones de euros.
A pesar del revés judicial en el TSJA, Azemar, a través de sus representantes legales en Lois Novel Abogados , ha recurrido en casación la última sentencia. Los abogados insisten en que existe una ley autonómica que reconoce la necesidad de adecuar la tributación a las circunstancias , una posibilidad que, según ellos, el TSJA no tuvo en cuenta. La patronal argumenta que, si bien la bonificación no se prolongó más allá de junio de 2020 debido a la "incertidumbre" de la pandemia, la posibilidad de adecuar la tasa a la inactividad debe aplicarse a los períodos posteriores.
El resultado de este recurso de casación será crucial para determinar si la Administración debe asumir una devolución millonaria al sector por la pérdida de actividad durante la crisis sanitaria.
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