CONTUNDENTE: González Gago arremete contra el Estado por las políticas restrictivas y exige igualdad de trato en el juego

En una intervención extensa y cargada de mensajes de política pública, González Gago recordó el origen del congreso como “experiencia pionera de organización pública” en España, “fruto de la confluencia de intereses entre la Junta de Castilla y León y los diversos subsectores del juego de la comunidad: máquinas, salones, bingos, casinos y apuestas”. Subrayó el orgullo por alcanzar la decimoctava edición de una cita “referente nacional” y “punto de encuentro ineludible” para analizar, reflexionar y debatir las políticas más modernas en materia de juego y apuestas, con el objetivo de extraer conclusiones útiles para avanzar.

El consejero defendió la legitimidad del sector y su aportación al tejido productivo. “El juego es una actividad empresarial legítima que genera empleo, impulsa la economía y contribuye con importantes recursos fiscales al sostenimiento de los servicios públicos. Es libertad económica en una sociedad democrática y no debe estigmatizarse”, afirmó, reprochando a “determinados representantes políticos y sociales” el prejuicio y la desconfianza. Recordó que desde la despenalización de 1978, el sector se ha regido por el principio de legalización y regulación como “mejor garantía de control, transparencia y protección”, una visión que —dijo— comparten incluso asociaciones de personas afectadas por juego patológico, conscientes de que la prohibición genera clandestinidad y riesgos añadidos.

Frente a las “restricciones encubiertas” que, según indicó, algunas formaciones intentan introducir mediante planificaciones urbanísticas que relegan al sector a “los márgenes de las ciudades”, reclamó respeto por la libertad de empresa y de mercado. Criticó, además, que el Estado incurra en trato desigual cuando establece límites distintos a la publicidad del juego público y del privado, o cuando expande modalidades de premio instantáneo propias del ámbito privado: “Con esas decisiones se distorsiona el mercado y se muestra parcialidad ante la libre competencia”.

González Gago enmarcó la política de la Junta en un enfoque integral, coherente y equilibrado, que combina los planos regulatorio, fiscal, sanitario, social y educativo. Dos son los ejes: juego responsable —con protección de menores, atención a colectivos vulnerables, salud pública y prevención del fraude— y seguridad jurídica para el sector —“reglas claras, estabilidad y futuro”—. “Defendemos con firmeza nuestras competencias en materia de juego privado y lo hacemos con un modelo de gobernanza compartida: regulado, transparente y responsable”, afirmó, poniendo en valor la colaboración público-privada y la calidad de las mesas y ponencias de esta edición (innovación tecnológica; encaje entre juego presencial y online; y percepción social y mediática del juego).

El consejero ofreció una radiografía precisa del ecosistema en Castilla y León: más de 450 empresas, cerca de 2.000 empleos directos y una aportación de más de 60 millones de euros anuales a las arcas regionales. La oferta presencial incluye 17 salas de bingo, tres casinos (Valladolid, Salamanca y León), 127 salones, 14 casas de apuestas y 12.240 máquinas, de las que 9.736 están instaladas en hostelería, donde constituyen “una fuente de ingresos relevante”. Subrayó la normalización social del juego presencial en la comunidad, con niveles moderados de participación y alto estándar de supervisión.

En prevención, cifró en 1.125 las personas inscritas en el registro autonómico de autoexclusión —un 0,05 % de la población adulta—. Alertó, sin embargo, de la problemática creciente asociada al juego online, “desarrollado por internet a través de tablets y teléfonos móviles”, un fenómeno que afecta especialmente a jóvenes y cuya regulación y control es competencia exclusiva del Estado. En esa línea, advirtió sobre el impacto social del juego y la necesidad de mantener políticas basadas en el conocimiento técnico, la escucha activa y el diálogo entre administraciones, operadores y sociedad civil.

El balance normativo del último año ocupó una parte sustantiva del discurso. Enumeró la aprobación del Plan Autonómico sobre Adicciones 2024-2030 (acuerdo de 26 de diciembre de 2024), que incorpora medidas concretas para juego patológico y otras adicciones sin sustancia. Destacó el Decreto de 20/03/2025 que moderniza la regulación de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias con fines publicitarios: define con precisión cada modalidad, exige autorización previa para rifas y tómbolas, y comunicación administrativa para combinaciones aleatorias, lo que “reduce cargas” para operadores; desde su entrada en vigor, se han tramitado 37 expedientes. También reseñó el Decreto de 20/03/2025 que regula la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable —con representación de salud pública, protección de menores, innovación educativa, juventud, servicios sociales, entidades locales y sector empresarial—, cuya sesión constitutiva se celebró el 21 de mayo. Además, la Comisión de Juego y Apuestas se reunió en enero y junio de 2025, “facilitando el impulso y seguimiento de iniciativas empresariales”.

Respecto a la ley de 2024 que modificó el marco general del juego y las apuestas, explicó que exige adaptar los reglamentos sectoriales (casinos, bingos, salones, apuestas y máquinas recreativas) para incorporar nuevas exigencias y principios. Este proceso, dijo, se ha abordado en 2025 con análisis técnico riguroso y diálogo constante con los subsectores. Recordó una reunión clave en febrero —“especialmente productiva”— para analizar propuestas normativas, seguida de reuniones sectoriales y nuevas sesiones previas al verano para afinar consensos.

Mirando al corto y medio plazo, y “con el condicionante natural de las elecciones autonómicas del primer trimestre de 2026”, avanzó tres líneas: un Reglamento autonómico de publicidad, patrocinio y promoción del juego y apuestas; la actualización integral de los reglamentos sectoriales en 2026 —incluyendo nuevas distancias mínimas respecto a centros educativos y determinados locales de juego, así como simplificación documental y agilización procedimental—; y la Estrategia 2026 de prevención y tratamiento del juego patológico, cuya redacción impulsa la Comisión Técnica mediante un grupo de trabajo ya constituido que ha comenzado a perfilar contenidos.

González Gago reservó un capítulo para los reconocimientos. Agradeció la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las labores inspectoras, así como de las asociaciones de consumidores “que velan por los derechos de los usuarios”, y de los equipos de la Junta en las nueve delegaciones territoriales. Mencionó expresamente a Tributos, Turismo, Salud Pública y Consumo por su contribución técnica. Y dedicó una mención especial a Pilar del Grado Blanco, responsable del Área de Juego durante 24 años, por su “trabajo, compromiso y profesionalidad” y por el impulso que permitió celebrar 17 ediciones anteriores del congreso.

Con un último guiño al contexto nacional —aludiendo al futuro congreso estatal que “ha tomado nota del modelo castellano y leonés” y cuyo lema apunta al impacto social del juego—, cerró con una defensa de la igualdad de trato entre juego público y privado, la competencia leal y el equilibrio entre desarrollo económico y protección social. “Construimos un modelo de gobernanza compartida donde el juego privado tenga su espacio legítimo, regulado, transparente y responsable”, remató antes de proclamar: “Queda inaugurado este XVIII Congreso del Juego de Castilla y León”.