La mesa redonda "Sostenibilidad del mercado en España, impacto regulatorio y lucha contra el juego ilegal", celebrada esta mañana en el Auditorio The Garage de Madrid en el marco de la jornada dedicada al estudio del juego ilegal impulsada por JDigital, estuvo moderada por Jorge Hinojosa y contó con la participación de Mario Chamorro (Manager de MDF Partners) y María Romero de Alba (International iGaming Leader de BMM Testlabs).
Romero de Alba abrió el debate subrayando el desequilibrio entre operadores regulados e ilegales, destacando que mientras los primeros exigen procesos de verificación y documentación, los segundos permiten acceder con apenas un nombre y un correo. Un contexto que, advirtió, facilita el tránsito hacia plataformas no reguladas.
Chamorro centró su intervención en los motivos que llevan a los usuarios a estas webs ilegales, especialmente la agresividad promocional y las mejores condiciones de juego frente a una oferta regulada cada vez más estricta. A su juicio, el mercado español corre el riesgo de que, ante tanta limitación, el jugador pruebe entornos no autorizados y no quiera regresar a los “.es”.
Romero de Alba insistió en que, cuando un jugador está decidido a jugar, la saturación de advertencias no suele ser un freno y, si se siente frustrado, migrará a operadores no regulados. Chamorro amplió que parte del atractivo de los “.com” reside en su catálogo más amplio y en la facilidad de pagos, frente a los elevados requisitos documentales del mercado regulado. Señaló que es necesario mantener el control, pero evitando la hiperregulación que termina perjudicando la competitividad.
La portavoz de BMM Testlabs reclamó que el sector evolucione tecnológicamente y se adapte al comportamiento de audiencias más jóvenes, que descubren operadores ilegales a través de canales como TikTok o Telegram. Chamorro coincidió, destacando el papel de las redes sociales y los streamers en la captación de usuarios, y recordó que muchas de las restricciones aplicadas en España responden a una tendencia general en Europa, por lo que la prioridad debe ser impulsar medidas realmente efectivas que permitan competir desde el marco regulado sin debilitar la protección al usuario.
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