VÍDEO "La gran farsa de El Gordo": Landaluce y Conesa denuncian la doble moral del Estado frente al Sorteo de Navidad en un podcast del economista Juan Ramón Rallo

Durante la conversación, Alejandro Landaluce, director general de CeJuego, y David Conesa, responsable de comunicación del Grupo Orenes, desgranaron junto al economista Juan Ramón Rallo las contradicciones de una regulación que actúa como "juez y parte".

El Estado: Juez, parte y competidor desleal

El punto más crítico del debate giró en torno al doble rasero regulatorio. Mientras el juego privado (casinos, bingos, salones y apuestas) está "hiperregulado" con estrictos controles de acceso, prohibiciones de publicidad y limitaciones horarias, el juego público (SELAE y ONCE) goza de una libertad casi total.

"Jugamos en el mismo tablero, pero unos van con tanques y aviones y otros con bicicletas", ilustró Landaluce, refiriéndose a la capacidad del Estado para saturar los medios con publicidad de Lotería de Navidad o El Niño en horario infantil, mientras que al sector privado se le relega a la madrugada (de 1:00 a 5:00 AM).

Los ponentes denunciaron lo que consideran un "Game Washing" institucional: el Estado disfraza sus apuestas de "tradición", "ilusión" o "labor social", ocultando que mecánicas como los 'rascas' de la ONCE o la Lotería son, en esencia, juegos de azar con los mismos riesgos potenciales que una tragaperras o una ruleta.

La desprotección del menor en el juego público

Uno de los datos más alarmantes expuestos fue la falta de control efectivo en la venta de productos de juego público a menores. "¿Qué te parecería entrar en un casino y que los crupieres tuvieran 14 años? Sería un escándalo. Pero que los niños de San Ildefonso canten la lotería lo vemos como tradición", argumentó Landaluce.

Se recordó el caso de una menor que resultó premiada con 'El Gordo' tras haber comprado un décimo sin impedimentos, aunque luego tuvo problemas para cobrarlo. A diferencia de los locales privados, que exigen DNI en la entrada y cruzan datos con el registro de autoprohibidos, los puntos de venta de lotería y vendedores de la ONCE carecen de sistemas rigurosos para impedir que menores o ludópatas en rehabilitación accedan al juego.

"Alguien con problemas de juego tiene prohibida la entrada a nuestros locales, pero el Estado le permite comprar lotería y, si le toca, entonces no le paga. Es una hipocresía exponencial", señaló Rallo.

Datos frente al relato político

David Conesa lamentó que la regulación actual responda más a un "relato político" que a datos técnicos. Según los representantes del sector, la tasa de juego problemático en España se mantiene estable en torno al 0,3%, una de las más bajas de Europa, desmintiendo la narrativa de una "epidemia" de ludopatía.

Además, desmontaron el mito de que el juego privado se ceba con las clases bajas durante las crisis. "Cuando hay crisis, nuestro sector cae un 35-40% porque la gente recorta en ocio. El que apenas cae es el juego público, que vende la falsa esperanza de solucionarte la vida con un golpe de suerte por 2 euros", explicó Conesa.

El silencio mediático

Por último, se abordó la influencia del presupuesto publicitario en la cobertura mediática. Al ser Loterías y la ONCE dos de los mayores anunciantes de España, los ponentes sugirieron que existe una autocensura en los medios para no morder la mano que les da de comer, lo que facilita que se perpetúe la imagen negativa del empresario privado frente a la "bondad" del operador público.

El debate concluyó con una llamada a la equiparación de las reglas del juego: "No pedimos que se prohíba el juego público, sino que se nos trate con la misma vara de medir. Si el juego es malo, es malo para todos. Si es una actividad lícita de ocio, déjennos operar con normalidad", sentenció Landaluce.