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Luiz Fux, magistrado encargado de los recursos contra la prohibición de las apuestas en Brasil, reconoce que considera que deben prohibirse

 
Luiz Fux reconoce que considera prohibir las apuestas online

El magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luiz Fux, ha reconocido durante la audiencia pública celebrada este 3 de noviembre que su percepción es que las apuestas online deberían prohibirse.

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El juez del Supremo Tribunal Federal afirma que las apuestas online constituyen un problema de salud pública, aunque reconoce que deberá valorar la seguridad jurídica y las consecuencias económicas de la prohibición. Los clubes de fútbol denuncian pérdidas millonarias y las empresas reclaman recuperar sus autorizaciones.

Luiz Fux, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil y ponente de los recursos contra la prohibición de las apuestas online, ha reconocido este martes, 3 de noviembre, que considera que esta actividad debería prohibirse. La declaración se ha producido durante la apertura de una audiencia pública convocada para examinar las consecuencias de la decisión del Gobierno brasileño de cerrar el mercado regulado de apuestas deportivas y juegos online.

La posición del magistrado ha sido recogida expresamente por Agência Brasil en una información publicada hoy a las 11:52 horas, bajo el titular «Fux rebate críticas e diz ter percepção de que bets devem ser banidas».

Fux ha explicado que ya había formado una opinión sobre esta actividad después de escuchar a organizaciones sanitarias, asociaciones de consumidores y otras entidades durante las audiencias celebradas en noviembre de 2024.

El magistrado ha reconocido haber llegado a «a percepção de que as bets devem ser banidas», es decir, a la percepción de que las apuestas online deben ser prohibidas.

También ha recordado que, durante un procedimiento judicial examinado en agosto de 2026, ya había expresado sus reservas sobre los efectos de las apuestas, aunque aquel juicio quedó interrumpido por una petición de más tiempo para su estudio presentada por el magistrado Flávio Dino.

Sin embargo, Fux ha querido dejar claro que su valoración personal no constituye una decisión del Supremo. Según la información publicada por JOTA sobre sus declaraciones, el magistrado considera necesario examinar los nuevos argumentos sobre seguridad jurídica, protección de los contratos y consecuencias económicas antes de que el tribunal adopte una resolución.

La audiencia de este martes se celebra en un contexto excepcional para el sector brasileño. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprobó el pasado 25 de septiembre la Medida Provisional 1.394/2026, que prohibió la explotación, comercialización, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija en todo el territorio nacional.

La norma, cuyo texto íntegro está publicado en el Senado Federal, afecta tanto a las apuestas deportivas como a los juegos de casino online comprendidos en esta categoría. También alcanza a las empresas extranjeras que ofrecen estos servicios a personas situadas en Brasil.

La prohibición no se ha quedado en una declaración política. Según el calendario oficial del Ministerio de Hacienda brasileño, desde el 25 de septiembre quedó prohibido recibir nuevos depósitos, el 5 de octubre terminó el plazo de retirada voluntaria de fondos y, a partir del 6 de octubre, las plataformas debían dejar de estar disponibles.

Las empresas también quedaron obligadas a gestionar la devolución de los saldos pendientes de los jugadores, con la intervención de las entidades financieras y, cuando fuera necesario, de Caixa Econômica Federal.

La decisión ha provocado una importante batalla jurídica. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) presentó una acción de inconstitucionalidad para solicitar la suspensión inmediata de la medida, argumentando que vulnera el marco regulatorio previamente aprobado por el propio Estado brasileño.

El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) también ha cuestionado la prohibición. Entre los argumentos del sector destacan la retirada de autorizaciones concedidas bajo la legislación vigente, la pérdida de inversiones, el cumplimiento de los contratos existentes y el riesgo de que los jugadores se desplacen hacia plataformas clandestinas.

El Supremo Tribunal Federal confirmó oficialmente la convocatoria de la audiencia en el procedimiento 8027, uno de los recursos dirigidos contra la medida gubernamental.

Los clubes de fútbol se han convertido en algunos de los principales opositores a la prohibición por sus consecuencias económicas.

Durante la audiencia, el vicepresidente del Flamengo, Flávio Willeman, ha advertido de que la eliminación de los ingresos vinculados a las apuestas podría suponer una pérdida de aproximadamente 430 millones de reales anuales, comprometiendo la planificación financiera de la entidad y sus compromisos con trabajadores y deportistas.

El presidente del Fluminense, Mattheus Montenegro, ha cifrado en 200 millones de reales el impacto económico para su club y ha recordado la importancia que tienen los contratos publicitarios con empresas de apuestas para el fútbol brasileño.

Ambas cantidades son estimaciones expuestas por los representantes de los clubes, no pérdidas definitivamente acreditadas. Las declaraciones pueden consultarse en la crónica de Agência Brasil sobre las intervenciones de los equipos de fútbol.

Representantes de Botafogo, Cruzeiro, São Paulo y Corinthians también han reclamado que se tengan en cuenta los contratos suscritos legalmente y, en caso de mantenerse la prohibición, que se establezcan mecanismos transitorios para reducir sus consecuencias.

Por su parte, el Gobierno brasileño ha defendido la prohibición por sus efectos sobre la salud pública, el endeudamiento familiar y la protección de los consumidores.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, ha insistido en los perjuicios sociales asociados a las apuestas y en los riesgos vinculados a la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales.

El abogado general de la Unión, Jorge Messias, también ha respaldado la decisión del Ejecutivo, sosteniendo que el Estado puede corregir un modelo regulatorio cuando considera que sus consecuencias sociales resultan perjudiciales.

Estas posiciones han sido recogidas por la Rádio Nacional de Brasil en su cobertura de la audiencia pública de este 3 de noviembre.

La composición de la audiencia también ha generado controversia. Antes de su celebración, varias organizaciones criticaron que hubiera una presencia mayoritaria de representantes de los clubes y de las empresas afectadas por la prohibición.

Fux ha respondido recordando que en las sesiones de 2024 el Supremo ya escuchó a más de medio centenar de especialistas y representantes de organizaciones sociales y sanitarias contrarias a las apuestas.

A petición de la Abogacía General de la Unión, el magistrado amplió la convocatoria para incorporar a representantes de los ministerios de Salud y Justicia, así como a otras organizaciones. La audiencia de este martes llegó así a reunir a 34 entidades e instituciones.

La cuestión que ahora debe resolver el Supremo va más allá de determinar si las apuestas generan perjuicios sociales. El tribunal tendrá que examinar si el Gobierno podía eliminar mediante una medida provisional una actividad que había sido legalizada, regulada y sometida a un sistema de autorizaciones estatales, así como las consecuencias jurídicas de esa decisión.

En paralelo, la medida continúa su tramitación en el Congreso Nacional, donde se han presentado 99 enmiendas. Su expediente parlamentario oficial confirma que todavía está pendiente de completar el procedimiento legislativo.

La audiencia pública del 3 de noviembre no supone, por tanto, una sentencia definitiva ni el levantamiento de la prohibición.

La principal novedad es que el propio magistrado encargado de estudiar los recursos ha reconocido públicamente una posición favorable a prohibir las apuestas online, aunque ha señalado que deberá someter su valoración al resto de integrantes del Supremo y considerar los argumentos jurídicos y económicos surgidos después del cierre del mercado.

Para los operadores que habían obtenido licencias, los clubes deportivos y las empresas vinculadas al sector, la decisión que adopte el Supremo determinará si Brasil puede recuperar su mercado regulado o si permanece cerrado bajo el nuevo marco prohibitivo.

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