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TODO LO EXPUESTO POR LA SECRETARIA DEL CLUB DE CONVERGENTES

CLUB DE CONVERGENTES informa sobre la interesantísima intervención de CRISTINA GARCÍA en AGEO 2020: "En la era covid se puede dar que un fabricante se vea en la tesitura de tener que elegir en qué territorios va a homologar sus productos"

 
CLUB DE CONVERGENTES ya ha informado sobre lo expuesto por Cristina García con motivo de su participación en la mesa redonda referida a “el escenario postcovid en el Juego Privado Presencial”, celebrada en el VII Encuentro AGEO para la Competitividad del Sector el 29 de octubre de 2020.
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A continuación su intervención con interesantes reflexiones y aportaciones:


Buenos días a todos.

Lo primero de todo, he de agradecer sinceramente a la Organización de este Encuentro que, un año más, haya contado conmigo como ponente del mismo. Y también darles la enhorabuena por haber sabido adaptar su formato al contexto actual, asegurando su continuidad este año también, aunque sea de manera virtual.

Las notas que desde la organización de este Encuentro se nos hicieron llegar a los ponentes indicaban en uno de sus puntos que “el coronavirus ha irrumpido en nuestras vidas para cambiarlo todo”. Lo anterior es incuestionable, nos ha afectado a todos los ámbitos de nuestra vida, a la salud, a la manera de relacionarnos, a la forma en la que se prestan los servicios o accedemos a ellos, a la economía…

La anterior manifestación general, enfocada en el día a día de los fabricantes de máquinas y sistemas de juego, podría traducirse, según me sugiere la organización del evento, en el análisis de si, en la era Covid, nuestro mapa autonómico de regulación y ordenación sectorial se hace aún más complicado, planteándose la duda de si ha llegado el momento de unificar definitivamente homologaciones y procesos.

Hemos de partir de la base de que la unificación de homologaciones y procesos es uno de los puntos clave por los cuales hemos estado luchando desde Club de Convergentes desde nuestra creación, hace ya más de cinco años. El intentar acabar con las diferencias técnicas en las regulaciones, o de criterios en cuanto a su aplicación, desde luego constituye un elemento fundamental que, de conseguirse, favorece que los fabricantes podamos desarrollar productos atractivos que puedan llegar a todas las Autonomías y a sus operadores, ya que sin duda y al contrario, las diferencias regulatorias suponen una barrera de entrada a los mercados.


Pero por otro lado, también hay que reconocer que las regulaciones regionales acercan las normas a las verdaderas necesidades de los operadores locales y de los ciudadanos de cada región. Por lo que desde Club de Convergentes siempre hemos trabajado y trabajaremos de la mano de las Autonomías, participando, para enriquecerlo, cualquier proyecto normativo que se ponga en marcha, y aportando lo que se nos pueda solicitar desde el punto de vista técnico, en aras de una leal colaboración con las Administraciones.

Por lo cual, y como casi siempre, de lo que se trata es de encontrar el adecuado equilibrio entre ambas vertientes. Pero sin olvidarnos de enfocar todo esto bajo el prisma de las difíciles condiciones actuales, donde todo está sometido, si se me permite, a un “estrés” adicional.

Me explico: una de las consecuencias de la crisis económica provocada por el covid radica en que ha subido el nivel de exigencia de rentabilidad para las empresas, en el sentido de que lo que antes podía ser asumible como “peaje” necesario para acceder a un mercado, ahora ya no lo es. Dicho de otra forma: antes un fabricante se podía plantear, en aras de una economía global de escala, que el acceso a un mercado con sensibles diferencias regulatorias con respecto del resto podía resultarle asumible, ya que la menor rentabilidad del mismo, con respecto de otras jurisdicciones más homogéneas, podría ser absorbido por el conjunto, compensándose los territorios con mayor rentabilidad con los de menos, en un cómputo general de beneficio.


Lo descrito anteriormente ha cambiado de manera sustancial en esta era covid ya que, al ponerse en entredicho la rentabilidad de todo el conjunto, sin duda se puede dar que ahora un fabricante se vea en la tesitura de tener que elegir en qué territorios va a homologar sus productos, y en cuáles no, puesto que en un contexto de crisis económica y menor consumo, el conjunto nacional no gozará de la solvencia suficiente como para justificar el coste de homologación y acceso a una Autonomía divergente,que tenga criterios técnicos regulatorios de las máquinas diferentes que el resto, con la consecuencia de que los operadores de la zona no podrían acceder a estos productos más novedosos por no haber sido homologados. Afortunadamente no es el caso de Galicia, que con buena predisposición de la Dirección General competente en materia de juego, hace años adaptó sus criterios interpretativos, en el estricto cumplimiento de las previsiones legales, para que la máquina B especial gallega se sumase a los parámetros mayoritarios adoptados por el resto de Autonomías.

También hay que recordar que por suerte (y con mucho trabajo), en los últimos años hemos avanzado adecuadamente con casi todas las Administraciones, de la mano de los Reguladores y con su esfuerzo y su apoyo, en aras de la coordinación normativa, siendo prácticamente unánime la concepción de la máquina B de hostelería (con alguna notable excepción pendiente de armonizar); con respecto de la B especial, también son bastante aceptables las mejoras producidas en este segmento, al menos en cuanto a la homogeneización de sus cuatro parámetros básicos de premio, precio, tiempo y retorno/ciclo.

Pero merece la pena llamar la atención, por ser un punto adicional pendiente de consolidación coordinada en muchos territorios, sobre la importancia del contador único en máquinas especiales, de tal forma que puedan disponer de un único acumulador de créditos y premios, limitado al premio máximo que la máquina pueda otorgar, y que pueda ser cobrado por el jugador en cualquier momento. Este elemento se presenta como imprescindible para las máquinas de ciclo amplio y retorno alto, y todavía existe un margen de mejora en muchos territorios. Adicionalmente, hay que recordar que este acumulador único representa también una enorme garantía de transparencia para el jugador, que sabe en todo momento la cantidad de créditos de juego que tiene en la máquina, a primera vista y de manera directa, y que pueden ser cobrados en su totalidad en el momento que lo desee.


Una cuestión en la que también se ha avanzado mucho en varias Autonomías, y más en el ámbito de los intereses de los fabricantes, es en lo relacionado con las fianzas de inscripción, teniendo en este sentido Galicia un amplio margen de mejora. Me estoy refiriendo al contenido del art. 12 de la Ley 14/1985, de 23 de octubre, de Juego y Apuestas de Galicia, que indica en su punto 2 que “todas las Empresas de juego habrán de constituir fianza, que en ningún caso será inferior al 25 por 100 del capital social”. Nos encontramos ante una exigencia de fianza que, además de tener un carácter redundante y no coordinado con la cifra que indica el Decreto de máquinas (30.000 euros), supone que en algunos casos esta fianza pueda alcanzar cifras absurdas, con altos costes financieros aparejados. Nos consta que la Administración gallega es consciente de todo lo anterior, y de su voluntad por solucionarlo, por lo que desde aquí volvemos a solicitar que esta circunstancia sea corregida en la próxima Ley de Presupuestos o de Medidas Fiscales y Administrativas de Galicia para 2021, sin tener que esperar a la aprobación de una posible futura Ley gallega de juego.

Con respecto del punto referido a los necesarios avances en medios de pago, sobre el cual también se nos pide opinión, hemos de poner de manifiesto que es de tremenda importancia para la Industria del Juego el poder acompasar avances en este sentido, con los que de manera inequívoca y sin posibilidad de vuelta atrás se están produciendo en todos los ámbitos económicos.

La digitalización de los pagos y cobros es una petición totalmente legítima por parte del Sector del Juego Gallego, y desde Club de Convergentes hemos presentado el mes pasado propuestas específicas en este sentido ante la Administración gallega, sobre las cuales tenemos esperanzas de avanzar. Máxime cuando en los momentos actuales esta cuestión reviste una importancia sanitaria adicional, desde que la ORDEN de 3 julio de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el Protocolo en materia de establecimientos de juego para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prevé expresamente para nuestro Sector que se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan el contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el empleo de dinero en efectivo.



Para terminar, quiero reiterar la frase inspiradora con la que comenzaba esta exposición, cuando decíamos que “el coronavirus ha irrumpido en nuestras vidas para cambiarlo todo”. Pues bien, hay algunas cosas que por desgracia no ha cambiado el coronavirus, y es la presión política sobre nosotros, que sigue provocando la tramitación de normativas muy restrictivas que, aunque en su exposición de motivos dicen fundamentarse en un aumento de las externalidades negativas de nuestra actividad, no fundamentan esta circunstancia en ningún tipo de estudio o fundamento empírico o científico que lo apoye. Pues desde aquí queremos transmitir al Sector que es justamente eso, la evidencia científica, la que hemos de buscar; y que la misma lo primero que nos dice es que no existe evidencia empírica de que las restricciones legales y reglamentarias a nuestra actividad redunden en una menor tasa de juego problemático. Más bien al contrario. Porque lo que sí generarían de inmediato es un cierre de empresas y con ello desempleo, además del florecimiento de un mercado ilegal y no controlado. Hemos de ponernos en manos de los profesionales de las adicciones sin sustancia, de la comunidad médica, para que nos den los criterios, medidas y soluciones para afrontar adecuadamente la aproximación al trastorno por juego, consiguiendo la fórmula para atajar adecuadamente estos problemas. Y sobre todo, su prevención, para que las personas vulnerables no lleguen a desarrollarlo, favoreciendo la puesta en marcha de campañas de formación, educación y sensibilización que ayuden a los sectores más vulnerables, como pueden ser los jóvenes, a conseguir un uso sano y adecuado de su tiempo libre, en todos los ámbitos de “las tentaciones” que diariamente les rodean; y ya no estoy hablando solo de juego de azar, que lo tienen prohibido y desde el Sector hemos de garantizar que no tengan acceso al mismo; estoy hablando de nuevas tecnologías, de videojuegos, de redes sociales, de móviles…. hay que luchar para conseguir, entre todos, una juventud responsable y saludable, y nuestra Industria ha de estar ahí sumando al conjunto y colaborando en todo ello.

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