MAGISTRALES Alfonso Alonso y José I. Ruiz de Palacios con un Análisis de estrategias políticas y normativas y una atención a los medios de pago

A manera de introducción, Juan Lacarra dijo que un informe de producción normativa de la CEOE indica que el año 2021 fue el de mayor producción de normas en los últimos diez años. Al respecto indicó los siguientes datos claves: el 50% de las leyes aprobadas se tramitaron a través de la formula del Decreto Ley; el conjunto de las páginas publicadas por los boletines oficiales de ámbito estatal autonómico alcanzó 1.100.000 páginas en 2021, siendo el sumatorio más alto de los últimos diez años, un 15% superior a la media anual.

Seguidamente, marcó las interrogantes que marcarían las intervenciones en la mesa:

• Desde un punto de vista más externo, desde un punto de vista político y regulatorio. ¿Cuál puede ser la mejor manera de llegar a las esferas de decisión? ¿Qué podemos ofrecer?
• ¿Qué podemos hacer cuando las normas nos afectan de manera muy negativa? ¿Qué relación puede tener toda esta intensidad normativa con los principios de proporcionalidad?

En primer lugar, Alfonso Alonso ha puesto en valor que el sector está consciente de la necesidad de unir fuerzas, de estar juntos, de defender sus intereses, de reivindicar la actividad, así como también buscar causas efectivas de participación.

También, destaca la importancia de “dar una oportunidad real de diálogo, de participación, de no imponer las cosas (…) dar una oportunidad para que realmente todos podamos participar como quiere la Constitución, en las decisiones que nos afectan, en los asuntos y los asuntos públicos”.

En este sentido, menciona que su empresa cumple “ese papel de intermediación, de aproximación entre el mundo de la empresa y el mundo de la administración”, sobre todo por la dilatada experiencia como parte de gobiernos tanto del PP como del PSOE.

Sobre el dato aportado por Juan Larra sobre la publicación de normas en el último año, ha expresado que “esta especie de furor ordenancista no es bueno para el país”. Y alerta, que es todavía pero cuando “nace de un prejuicio que se quiere establecer como una ruta”, no por un interés general sino por intereses particulares de grupos.

En esta línea, se refiere al concepto de seguridad jurídica y subraya que de esto depende el poder afrontar inversiones, mantener el empleo y pensar a futuro en la prosperidad de los negocios.

Asimismo, y considerando las diferencias de normativas por comunidades autónomas, recalca la importancia de asociaciones como ANESAR, porque conjuga “una visión compartida con la gente que está sujeta a regulaciones, que tiene matices distintos”.

Sobre los medios de pago alternativos al metálico, opina que no se puede regular desde la sospecha, así como también se puede proteger a la población sin “levantar obstáculos que son absurdos” y que en la práctica hacen imposible que se pueda organizar la actividad.

En segundo lugar, el profesor de la Universidad de La Rioja, José I. Ruiz de Palacios, comenta que lo largo de la historia grandes pensadores se han referido a los principios básicos de las leyes y resalta que deben “claras, breves, armónicas y nobles".

En esta línea, dice que los elementos de buena regulación son: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Y, ha llamado la atención sobre el hecho de que tras la promulgación de una ley no se define un control a posteriori, “una vez que está aprobada la norma para ver si está resultando verdaderamente eficaz”.

En todos los casos, debe respetarse el “derecho de la audiencia de los interesados” y es vital “tener una clara identificación del interés general, qué fines se persiguen y cuál es el instrumento más adecuado”.

En el específico caso de la seguridad jurídica, indica: “si no damos seguridad jurídica estamos incumpliendo un contrato social básico”.

Seguidamente, y de manera magistral describió lo que debe formar parte de una ley y garantizar que se está en el camino correcto.

• Como punto de partida, la ley debe ser sencilla, tanto su conocimiento como su comprensión.
• Luego, considera que la norma “debe ser coherente con el resto del ordenamiento y, por lo tanto, tiene que ser un marco estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre”.
• De la misma manera, “nos tenemos que preguntar: ¿la norma se justifica en base a una serie de interés general? ¿Cuáles son los objetivos y las finalidades?”
• Igualmente, si se busca un cambio “tenemos que verificar ese cambio y tenemos que prever tiempos, porque si lo que estamos haciendo no tiene efectos, lo que tenemos que hacer es volver a cambiarlo”.

Según José I. Ruiz de Palacios, hay otras cuatro preguntas claves ante cualquier nueva normativa:

• ¿El objetivo que se persigue podría quedar igualmente salvaguardado con algunas medidas quizás menos restrictivas?
• ¿Y constituye la norma que estamos hablando la mejor alternativa?
• ¿Es la menos restrictiva de las que podrían satisfacer esa misma finalidad?
• ¿Los objetivos de la norma se definen claramente?

Por otro lado, sobre la retroactividad en las leyes no duda en asegurar que “una norma no tiene efectos para atrás”, y no solo sería contrario a la seguridad jurídica, sino que este tipo de cuestiones “vulnera el principio de protección de la confianza legítima ante los cambios normativos”.

Mientras que, sobre la no implementación de medios de pagos alternativos al metálico en el sector del juego considera que es “una restricción del derecho y además deberíamos ver si es que está suficientemente justificado”.