SOS HOSTELERÍA muestra su estupor.
La prensa valencia se hace eco de la reunión para el próximo 6 de julio a las 12 horas de la Comisión del Juego de la Comunidad Valenciana, un organismo consultivo constituido en la legislatura recientemente finalizada y que reúne a la administración con sindicatos y organizaciones vinculadas al sector del juego, tanto empresariales como de prevención de adicciones.
Según relata el diario El debate: "Entre los convocados no solo hay perplejidad por la convocatoria a diez días del debate de investidura del nuevo presidente, que los letrados de las cortes consultados por este medio sitúan entre el 17 y el 21 de julio, sino porque en el mismo se incluye un punto del orden del día para hablar sobre la Ley de acompañamiento del presupuesto general de la Generalitat Valenciana para 2024. La preparación de los presupuestos para 2024 es una prerrogativa que corresponde al nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana".
SOS Hostelería cree que el objetivo de esta reunión es "dejar un campo de minas a la nueva administración". Fidel Molina, presidente de SOS, advierte que "si se levanta un acta en la que se da cuenta de una propuestas de cambios en la legislación, se deja una herencia envenenada a la nueva administración, se condiciona su futura acción de Gobierno y se entra de lleno en un fraude de ley al atribuirse la administración saliente unas competencias que por ley corresponden inequívocamente a la administración entrante".
La ley del juego de la Comunidad Valenciana provocó en el momento de su aprobación, rechazada por PP, Cs y Vox, un profundo malestar, no solo en el mundo del juego privado de la Comunidad Valenciana, sino en el ámbito de la hostelería dado que establecía, entre otras medidas, la imposibilidad de que un bar de nuevo cuño que abriera sus puertas pudiera solicitar licencia para máquinas recreativas, lo que crea un agravio en comparación a los establecimientos existentes o impedía la renovación de licencias de salones de juego –lo que ya ha provocado diversos cierres y pérdidas tanto de empleo como de ingresos fiscales para las arcas de la Generalitat valenciana, así como una clara situación de inseguridad jurídica a los titulares de dichas licencias–.
Dicha ley está recurrida en los tribunales y el intento por la puerta de atrás de desarrollarla es interpretado en diversos ámbitos de la administración valenciana como una forma de obstrucción por parte de la administración saliente, así como de intentar dejar preparada una red de trampas que luego puedan ser usadas parlamentariamente por la oposición que van a conformar tanto el PSPV-PSOE como Compromís, no así Podemos que no alcanzó el mínimo exigido para estar presente en las Cortes Valencianas.
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