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El TJUE decidirá hoy si España puede imponer más restricciones a operadores privados que a SELAE y la ONCE

 
El TJUE decidirá hoy si España puede aplicar restricciones más severas a operadores privados que a SELAE y la ONCE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitirá hoy una sentencia clave para el futuro del marco regulatorio del juego en España.
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La decisión determinará si la normativa nacional puede imponer restricciones más severas a los operadores privados que a los operadores públicos, como Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) o la ONCE, sin vulnerar el derecho europeo.

El caso llega al TJUE a raíz de una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que plantea si la actual legislación autonómica podría suponer un trato discriminatorio y un falseamiento de la competencia en el mercado del juego. La sentencia se considera de alto impacto, ya que podría sentar jurisprudencia sobre los límites de intervención de los Estados miembros en la regulación de los juegos de azar.

La cuestión surge de la Ley valenciana de regulación del juego y prevención de la ludopatía, aprobada en junio de 2020, que introdujo un conjunto de medidas más restrictivas exclusivamente para los operadores privados.

Entre las disposiciones más relevantes, la norma estableció que los establecimientos de juego privados debían situarse a una distancia mínima de los centros educativos superior a la exigida anteriormente. Además, la legislación impuso una moratoria de cinco años en la concesión de nuevas licencias o autorizaciones, durante la cual las autoridades autonómicas realizarían un estudio sobre el impacto social y sanitario de las salas de juego ya existentes.

Estas medidas no se aplican a SELAE ni a la ONCE. La cuestión planteada al TJUE busca determinar si este trato diferenciado es compatible con el principio de igualdad de trato, la libertad de establecimiento y la libre competencia establecidos por el Derecho comunitario.

El fallo, previsto para hoy, podría tener implicaciones significativas en la política regulatoria del sector del juego en España. Una resolución contraria a la normativa valenciana obligaría a revisar la legislación autonómica y nacional.
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