La administración del presidente Yamandú Orsi prepara el terreno para retomar la discusión sobre la regulación del juego online en el país.
Fuentes políticas admiten conversaciones informales entre legisladores del Frente Amplio y el Poder Ejecutivo, si bien el eventual reingreso de un proyecto se proyecta para 2026.
El nuevo impulso llega tras el intento fallido de 2021–2022. Aquel texto, promovido por el Ministerio de Economía durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, obtuvo aprobación en el Senado, pero no prosperó en Diputados por falta de acuerdo y presiones cruzadas de sectores empresariales. La propuesta habilitaba a casinos físicos a ofrecer sus juegos también en internet, mediante licencias precarias y revocables otorgadas por el Ejecutivo. Durante el trámite en Cámara Baja, surgieron enmiendas para permitir licencias a compañías sin casino físico, lo que tensó a la coalición —con mención expresa al proyecto inmobiliario-casino de Punta del Este— y derivó en el archivo de la iniciativa. La inclusión de las apuestas deportivas online añadió fricción.
En paralelo, actores sectoriales empujaron por la apertura del mercado. La Asociación Uruguaya de Fútbol defendió que admitir operadores privados traería nuevos ingresos por patrocinio, frente al esquema actual en el que el fútbol recibe en torno a 500 mil dólares anuales por utilidades de Supermatch, única plataforma autorizada.
Hoy, el gobierno de Orsi reactiva el debate en un escenario con múltiples intereses: el del Estado, La Banca, las plataformas de apuestas, y los casinos. El director general de Casinos, Fernando Estévez, comunicó al sindicato que ya se trabaja en un proyecto. Desde el plano político, el senador Caraballo reivindicó en agosto la necesidad de legislar con visión estratégica, enmarcando la regulación como decisión económica, definición política y medida de salud pública. Su tesis: la ausencia de regulación no detiene el fenómeno, agrava sus consecuencias y priva al Estado de beneficios y herramientas de control.
La opción de una plataforma estatal para canalizar las apuestas online reaparece entre las alternativas, con el objetivo de garantizar transparencia, evitar el acceso de menores y promover un juego controlado y responsable. Con el horizonte temporal situado en 2026, el desafío será conciliar intereses y alumbrar un marco estable que combine desarrollo, recaudación, salud pública y seguridad jurídica.
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